Quebranta el pacto federal Ulises Lara por negar la detención de Javier Corral: abogado
Foto: Cuartoscuro
- El encargado de despacho de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, impidió ayer que Javier Corral fuera detenido en la colonia Roma por agentes de Chihuahua, pese a que está acusado de peculado.
Héctor Gordoa /
LATINUS / MÉXICO.-Negación del servicio público es el delito que podría haber cometido Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, al impedir la detención de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta una orden de aprehensión por el delito de peculado, aseguró el abogado penalista, Gabriel Regino.
Durante la detención fallida de Javier Corral de la noche del miércoles, Ulises Lara declaró: “decidimos no colaborar” ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de cumplimentar la orden de aprehensión contra el próximo senador plurinominal por Morena.
Pero el Código Penal de la Ciudad de México establece que el servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y una multa de 300 a mil unidades de medida y actualización; además, «será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
“Haber impedido que se cumplimentara una orden de aprehensión legalmente emitida, legalmente notificada a la fiscalía de la Ciudad de México a través del oficio de colaboración, actualiza este delito, pero además el haberse llevado al requerido a las oficinas del propio fiscal de la Ciudad de México a sabiendas de que cuenta con un mandato judicial de orden de aprehensión, decide dejar en libertad, porque interpreta que el oficio de colaboración le faltaba una respuesta y además que el fiscal se oponía a colaborar con otro estado de la República quebrantando el pacto federal”, dijo Regino.
La evasión de Javier Corral de la justicia de Chihuahua permitida por el encargado de despacho de la fiscalía capitalina sienta un precedente para la colaboración entre los estados y la federación para el próximo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
“Se está dando a entender que sólo los que son afines al régimen van a tener impunidad garantizada, ese el mensaje”, consideró Regino.
El jurista recordó que no es la primera vez que la FGJ de la Ciudad de México provoca un conflicto interestatal. En agosto del 2023, fue detenido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por agentes ministeriales capitalinos.
La detención se dio sin una notificación previa a Carmona Gándara, a quien se le señalaba de presunta responsabilidad por los delitos de procuración y administración de justicia por el caso de Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio cometido en la capital del país y cuyo cuerpo fue localizado en Tepoztlán, Morelos, en octubre del 2022.
“Ahí fue peor porque ahí ni siquiera pidió colaboración a la fiscalía del estado, nada más le avisó a la policía del estado de Morelos que iban a entrar a detener al fiscal y se acabó de ese tamaño”, dijo Regino.
En Chihuahua, Omar Bazán Flores, diputado local priista que denunció al exgobernador por enriquecimiento ilícito, acusó no sólo a la fiscalía de la Ciudad de México, sino al régimen morenista de proteger a un presunto delincuente que provocó un daño al Estado por cerca de 100 millones de pesos cuando fue gobernador.
“Que en esta transformación, que se dice anticorrupción (…) exigimos entonces que se ejecute la orden de aprehensión y que dejen de proteger, que dejen de ser cómplices del exgobernador Javier Corral”, exigió Bazán.
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