Pandemia antidemocrática
Foto: Twitter / Ilustración
La indiscreta y exultante verborrea del mandatario venezolano Nicolás Maduro, les recordó recientemente a los latinoamericanos que los acuerdos del llamado Foro de Sao Paulo, en el que concurren 123 organizaciones políticas y partidos de presunta izquierda, están vigentes. El principal entre ellos: combatir las consecuencias del neoliberalismo en los países de Iberoamérica y el Caribe.
Maduro, un autócrata que puso de moda recurrir a los decretos presidenciales para imponer su voluntad, fue más allá: señaló a dos mandatarios que le hacen competencia (Andrés Manuel López Obrador, de México, y Alberto Ángel Fernández, de Argentina), como los impulsores de ese nuevo frente “anti neoliberal”.
El tema no es nuevo, pero fue difundido en algunos medios y encendió la liza electoral mexicana que culmina el 6 de junio próximo, en comicios que ya son calificados como los más grandes en la historia de México: serán más de 21 mil cargos en disputa.
Otros factores sobrecalentaron el ambiente político: 1) El retiro de los candidatos (morenistas) a gobernadores en Guerrero y Michoacán, ordenado por el Instituto Nacional Electoral (INE), porque cometieron violaciones a la ley en su postulación; 2) La pretendida intención de López Obrador de pasar por encima de la Constitución, al maniobrar para que dure dos años más en el cargo el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; (que dejaría en diciembre próximo); 3) El decreto súbito para que los mexicanos se obliguen a entregar datos personales para poder comprar teléfonos celulares; 4) La decisión soberana de algunos jueces (mientras un decreto presidencial no diga lo contrario), de otorgar amparos a ciudadanos para protegerlos de los decretos autoritarios del presidente…etcétera.
El caso es que el problema incomodó (no encuentro otro verbo) a López Obrador quien, de entrada, amenazó con modificar el estatuto jurídico del INE “para que quede en manos de auténticos ciudadanos”; también anunció que promoverá cambios profundos en la impartición de justicia (SCJN), modificaciones al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y otras (hasta ahora ocurrencias), como la de decretar la desaparición de las instituciones autónomas.
¿Hacia dictaduras perfectas?
Cuando oposiciones con ciertos tintes democráticos, sea cual fuere su signo, conquistan el poder mediante procesos limpios, transparentes, democráticos, suena a perversión política (cuando no a estupidez), destruir el camino que los encumbró.
Lo que pasa es que esa oposición no cree en la democracia. Ni la comprende. Para esa oposición la democracia es tan solo una herramienta útil para llegar al poder. Y esos dos vocablos lo encierran todo: el poder, que loes todo. No olvidemos la jubilosa expresión de júbilo de AMLO cuando, declarado triunfador por el Instituto Nacional Electoral, el amenazador puño derecho en alto, exclamó: “¡Tengo el poder!”
A partir de ese momento, el árbitro de la democracia, el réferi de la contienda electoral, la institución que alza la mano victoriosa de quien triunfó en una proceso democrático, inobjetable e histórico, en las urnas, sin trampas, se convierte por decreto en “el peor enemigo de la democracia”.
De modo que el poder triunfador se convierte entonces en implacable enemigo del juez, del árbitro que en un momento histórico garantizó y protegió su victoria. ¿Por qué?
Son varias las respuestas hipotéticas:
1) La primera de ellas es que el candidato triunfante no cree en la democracia. La usa para sus fines, pero no cree en ella, por más que la trasiegue en su retórica cotidiana.
2) Gobernantes que usan la democracia para dar paso a intenciones autoritarias, personales o de grupo cuando no francamente dictatoriales.
3) La tercera es que el gobernante está comprometido con principios ajenos a los intereses nacionales,
Las amenazas de Andrés Manuel López Obrador son contra a) El Instituto Nacional Electoral; b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación; c) El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y d) Contra las instituciones autónomas.
Recapitulemos: los órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano son: el Banco de México; el Instituto Nacional Electoral; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (INEA), y la Fiscalía General de la República.
¿Hacia dónde apunta la mira del jefe de gobierno de México?
O pensándolo bien, ¿con qué (o con quienes) va a sustituir AMLO todos estos órganos del gobierno federal?
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