ONG’s exigen a México acate sentencia de la Corte Interamericana para eliminar el arraigo
Foto: Cuartoscuro
- “Las autoridades mexicanas deben emprender los cambios legislativos necesarios para eliminar la arbitrariedad y garantizar los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo”, exigieron en un comunicado.
LATINUS / MÉXICO.-La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés) exigieron al gobierno mexicano acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de eliminar el arraigo y adecuar la prisión preventiva.
“Las autoridades mexicanas deben emprender los cambios legislativos necesarios para eliminar la arbitrariedad y garantizar los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo”, exigieron en un comunicado.
La organizaciones destacaron que la CIDH ha reiterado desde hace varios años que el arraigo— que consiste en privar de la libertad a posibles sospechosos sin estar vinculados a proceso— y la prisión preventiva injustificada vulneran directamente varios derechos humanos, así como el debido proceso.
Hasta diciembre de 2022, en México había 228 mil 530 personas privadas de libertad, de las cuales 41% estaban en prisión preventiva.
Además, de 2008 a 2020 más de 8 mil personas fueron sometidas al arraigo, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló la organización.
El pasado 27 de enero, la CIDH notificó al Estado mexicano la sentencia por el caso Tzompaxtle Tecpile, en la que responsabilizó al país de violar los derechos humanos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial.
Las violaciones fueron cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, quienes fueron detenidos arbitrariamente por la entonces Policía Federal el 12 de enero de 2016 en la carretera México-Veracruz.
Los hombres fueron acusados de estar relacionados con la delincuencia organizada y les impusieron la medida de arraigo por 90 días. Posteriormente, estuvieron en prisión preventiva por dos años y medio.
El 16 de octubre de 2008, los tres hombres fueron absueltos y liberados. El caso llegó hasta la CorteIDH, que determinó que el Estado mexicano violó determinaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por lo anterior, ordenó al gobierno de México dejar sin efecto las disposiciones legales relativas al arraigo y modificar las que establecen la prisión preventiva oficiosa, así como reparar el daño a las víctimas.
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