Monreal propone nueva reforma para cerrar vacíos legales en el outsourcing
El coordinador de Morena sostiene que aún persisten mecanismos para eludir responsabilidades laborales y de seguridad social
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que presentará una nueva iniciativa para fortalecer la regulación de la subcontratación laboral, al considerar que la reforma aprobada en 2021 presenta vacíos que permiten prácticas destinadas a evadir obligaciones patronales. El legislador reconoció que todavía existen esquemas que fragmentan artificialmente la responsabilidad de las empresas y afectan los derechos de los trabajadores.
La propuesta busca establecer criterios más precisos para identificar conductas contrarias a la legislación laboral, reforzar los mecanismos de fiscalización y evitar que figuras de servicios especializados sean utilizadas para encubrir esquemas de outsourcing prohibidos. Además, plantea una mayor coordinación entre la Secretaría del Trabajo, el IMSS y el SAT para verificar el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social.
Ricardo Monreal planteó nuevas disposiciones para combatir prácticas de subcontratación que, según afirmó, continúan afectando derechos laborales.
Ricardo Monreal / Facebook
- De acuerdo con el legislador, el actual marco normativo no establece criterios específicos que permitan identificar y delimitar las conductas constitutivas de una transgresión a la prohibición de la subcontratación de personal.
José Gerardo Mejía /
LATINUS / MÉXICO.-Cinco años y seis meses después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma contra la subcontratación de personal o outsourcing, el coordinador de los diputados de Morena. Ricardo Monreal admitió que ha quedado rebasada.
Por ello, presentará una iniciativa para evitar que, a través de la subcontratación o outsourcing, “se fragmente artificialmente la responsabilidad patronal, sustituir empleos estables por relaciones precarias, registrar salarios inferiores a los efectivamente percibidos y eludir el pago de bonos y otras prestaciones».
“El marco normativo no establece criterios específicos que permitan identificar y delimitar las conductas constitutivas de una transgresión a la prohibición de la subcontratación de personal, ni contempla un catálogo enunciativo, mas no limitativo, de prácticas que puedan configurar supuestos de incumplimiento”, explicó.
En su cátedra de posgrado de este viernes, Monreal admitió que la reforma laboral aprobada en abril de 2021 por el Congreso de la Unión tiene “vías de escape para eludir la prohibición actual en torno a la subcontratación de personal”.
“Aún existen dificultades para verificar el cumplimiento de estas condiciones e identificar prácticas que eluden las obligaciones laborales y de seguridad social”, reconoció.
En el borrador, que puso a consideración de sus alumnos, menciona que “si bien muchos de los obstáculos provienen de deficiencias administrativas, también es posible precisar las obligaciones legales de las empresas para facilitar su fiscalización”.
En su iniciativa, aún en calidad de borrador, subraya que una mayor “coordinación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS y el Servicio de Administración Tributaria podría permitir contrastar, dentro de sus competencias legales, información sobre contratistas, trabajadores registrados, salarios reportados, pagos de nómina y cumplimiento fiscal”.
“El diseño debe incluir procedimientos de comprobación, protección de datos, derecho de audiencia y vías de impugnación”, detalló.
Por ello, Monreal propone varias adiciones a la Ley Federal del Trabajo, principalmente en un artículo 13 Bis que establece que “se consideran servicios especializados o de ejecución de obras especializadas aquellas actividades que impliquen conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa que el beneficiario no posea, y sean aportados por la contratista con sus recursos y medios propios”.
“Queda prohibido que la beneficiaria disponga u ordene al personal de la contratista, la realización de actividades que formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante”, resalta la propuesta.
Además de que “en ningún caso, la beneficiaria podrá ejercer funciones reales de mando u organización sobre el personal de la contratista”.
El líder de los diputados de Morena propone que “no se considerarán funciones reales de mando u organización la implementación de cuestiones técnicas, lineamientos de seguridad o coordinación necesaria para el desarrollo de los servicios especializados o ejecución de obras especializadas”.
En el artículo 21 de dicha ley, agrega que “se presume la existencia de relación de trabajo entre quien presta y recibe servicios profesionales, si quien los obtiene le indica al prestador dónde y cómo debe realizarse el trabajo, le proporciona medios para realizar su labor y le asigna una compensación económica, aún y cuando le denomine honorarios o de alguna otra forma distinta al salario”.
Monreal resaltó el uso de servicios especializados para encubrir la subcontratación prohibida, que “es el primer problema identificado es la utilización de la figura de servicios especializados para encubrir el suministro de personal destinado a actividades que la empresa beneficiaria tiene prohibido subcontratar”.
“Esto puede ocurrir cuando el contrato describe un servicio aparentemente permitido, pero los trabajadores realizan tareas que forman parte del objeto social o de la actividad económica preponderante de quien los recibe”, resaltó.
En su propuesta, puso como ejemplo a “un proveedor de limpieza que puede estar inscrito en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), “pero eso no permite que un hotel lo contrate para limpiar sus habitaciones”.
“Esa tarea forma parte de las actividades propias del establecimiento. El registro del proveedor y la legalidad de ese contrato son, por tanto, cuestiones distintas”, detalló.
El morenista consideró que el “problema surge cuando las empresas consideran que basta con contratar a un proveedor registrado para cumplir la ley”.
“Esa interpretación puede llevar a utilizar personal externo en actividades que no pueden subcontratarse. Por ello, además de comprobar el REPSE, es necesario revisar qué tareas se contratan y cuáles realiza efectivamente el personal”, añadió.
Con base en este caso, también planteó una reforma a la Ley del IMSS “para especificar la sanción aplicable para aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación en sentido contrario a lo dispuesto en el artículo 13 Bis”.