Molina Gamboa afirma que Cabeza de Vaca controlaba contratos y proveeduría en Salud de Tamaulipas
La gobernadora de Baja California se negó a confirmar si Amílcar Olán aportó recursos a su campaña y aseguró que cualquier financiamiento privado está reportado ante las autoridades electorales.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, evadió este lunes confirmar si Amílcar Olán, aliado de Andy y Bobby López Beltrán y operador de “El Clan”, financió su campaña electoral de 2021. En su conferencia en Mexicali, la morenista fue cuestionada sobre los nuevos audios difundidos por Latinus, pero se limitó a afirmar que “cualquier financiamiento que se haya recibido está declarado ante los órganos electorales”.
Ante la insistencia de la prensa, Ávila repitió que cualquier apoyo privado está reportado conforme a la ley electoral y añadió: “si se recibió, ahí está declarado; y si no está declarado es porque no se recibió”. La respuesta evitó confirmar o negar directamente si Olán aportó recursos, pese a que en el audio él presume haber financiado su campaña y haberla saludado en una boda.
En la grabación difundida por Latinus, Olán asegura que “le di dinero para su campaña” y se refiere a la gobernadora como “la sinvergüenza de Marina”. También menciona que ella actualmente no tiene visa. La conversación refuerza cuestionamientos sobre presuntos apoyos privados vinculados a operadores cercanos a los hijos del presidente.
Marina del Pilar evitó confirmar si Amílcar Olán financió su campaña y remitió a los reportes electorales. Foto: Facebook Francisco Cabeza de Vaca
- La funcionaria, señalada en denuncias por esos contratos, pide que se investigue a toda la cadena de mando. Según un video publicado en sus redes sociales, enfrenta denuncias penales por contratos celebrados durante ese periodo, por eso decidió hablar públicamente sobre cómo, según su versión, se tomaron esas decisiones.
AN / TAMAULIPAS.-La exsecretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, acusó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de ordenarle la asignación de contratos a empresas vinculadas con el empresario Sergio Carmona Angulo.
Molina Gamboa ocupó la Secretaría de Salud de Tamaulipas entre 2017 y 2022, durante el gobierno del panista.
Según un video publicado en sus redes sociales, enfrenta denuncias penales por contratos celebrados durante ese periodo, por eso decidió hablar públicamente sobre cómo, según su versión, se tomaron esas decisiones.
La exfuncionaria aseguró que Cabeza de Vaca le dejó los asuntos técnicos y operativos de la dependencia, mientras él mantenía el control sobre la proveeduría y los contratos con intereses económicos o políticos.
“Durante mi gestión recibí indicaciones directas del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de la subsecretaría de administración y finanzas para adjudicar contratos de obra y servicios a las empresas del Grupo Industrial Permar y Hauser por compromisos económicos y políticos”, afirmó.
Según Molina Gamboa, las instrucciones eran transmitidas mediante la Subsecretaría de Administración y Finanzas; también señaló a Alejandro Aguilar Pogner, quien ocupaba ese cargo, como responsable de conocer y supervisar su cumplimiento.
La exsecretaria sostuvo que las empresas mencionadas estaban vinculadas con Sergio Carmona Angulo, empresario relacionado públicamente con una red de presunto contrabando de hidrocarburos.
Molina Gamboa reconoció que los contratos forman parte de las denuncias penales que enfrenta.
Sin embargo, afirmó que está dispuesta a asumir las responsabilidades que le correspondan y pidió que las autoridades investiguen a quienes, según su declaración, dieron las instrucciones.
No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal.
Después de más de 35 años en el servicio público, la exfuncionaria pidió investigar toda la cadena de mando involucrada en las decisiones sobre los contratos.
También pidió que cualquier amenaza o acto de intimidación contra ella o su familia sea investigado tomando en cuenta el contenido de sus declaraciones.
El caso se relaciona con las 70 denuncias que la Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó el 27 de agosto de 2025 por presuntas irregularidades de administraciones anteriores; de esas, 14 fueron de carácter penal.
La dependencia informó entonces de un presunto daño al erario por 343 millones 966 mil pesos relacionado con contratos de mantenimiento hospitalario.
Del monto señalado, 221 millones correspondían a recursos estatales y 122 millones a fondos federales.
Entre las empresas señaladas están Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, que recibieron contratos durante 2017 y 2018.
La Secretaría indicó que las operaciones bajo investigación involucraban alrededor de 500 millones de pesos en contratos y posibles irregularidades en su adjudicación y pago.