Magistrados y jueces avalan a Norma Piña por investigación contra el equipo de Arturo Saldívar
Foto: Archivo Cuartoscuro
- Afirman que el Poder Judicial tiene la obligación de indagar asuntos relacionados con la corrupción. La organización no fija postura sobre la presunta red que operó Zaldívar para presionar a jueces, pero sostiene que hay un aumento ‘exponencial’ en las quejas contra juzgadores por resolver asuntos contra autoridades federales.
AN / MÉXICO.-Jueces y magistrados expresaron apoyo a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, después de que su antecesor, Arturo Zaldívar, presentó una serie de denuncias y una solicitud de juicio político.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) afirmó que la ministra tenía la obligación de activar la investigación contra el equipo de Zaldívar, para “cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”.
La organización no fija postura sobre la presunta red que operó Zaldívar para presionar a jueces, pero sostiene que hay un aumento ‘exponencial’ en las quejas contra juzgadores por resolver asuntos contra autoridades federales.
De hecho, en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de personas juzgadoras, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias.
La JUFED dijo que la apertura de la investigación al equipo de Zaldívar no se debe interpretar como una estrategia electoral o contra alguna candidata.
Aquí su postura completa:
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresa su absoluto respaldo a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández; y rechaza cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.
Todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial, están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal, así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas o denuncias que se presenten en su contra.
No es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de las personas juzgadoras ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso.
De hecho, en los últimos años el número de
quejas presentadas en contra de personas juzgadoras, por resolver en favor de
los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha
incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto
en riesgo su integridad y la de sus familias.
El juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas
sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido
recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante. En ese
entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria
contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos
le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en
las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes.
Quienes formamos parte de la carrera judicial, refrendamos nuestro compromiso con la Constitución, la sociedad y la justicia.
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