Las malas compañías

Rúbrica

“Dime con quién andas y te diré quién eres” es un popular refrán que explica muy bien ciertas alianzas, candidaturas y conexiones en la política mexicana.

Desde su creación, Morena se ha caracterizado por sus nulos filtros para aceptar lo que sea y a quien sea en sus filas, si es que les reporta alguna rentabilidad, ya sea política o financiera. Postura altamente pragmática que, sin embargo, se contrapone completamente con su bandera de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, que no es sino mera retórica, palabrería.

Más que conocidas son sus alianzas con personajes verdaderamente impresentables, cuyos antecedentes de corrupción o simplemente sus ideas los harían inelegibles para formar parte de su movimiento, que se ostenta con una supuesta “autoridad moral” de la que, en realidad, carece.

Sin embargo, en Morena han llegado a extremos imperdonables, como el de promover a cargos públicos y/o de elección popular a delincuentes sexuales. A violadores de niños cuyas conductas han sido capaces de soslayar y hasta negar.

Muy sonado fue el caso de Saúl Huerta, quien siendo diputado federal morenista violó a un menor de edad, lo cual fue denunciado por la madre de la víctima, a pesar de lo cual estuvo a punto de quedar impune, pues el coordinador de su bancada, Ignacio Mier, lo intentó proteger con la falacia de que como no lo violó en horas de trabajo, no podía exigirle separarse del cargo. Finalmente y gracias a la presión de la opinión pública, Huerta fue desaforado, sometido a proceso y acaba de ser sentenciado a 22 años de prisión. Mier, por su parte, fracasó en su intento de ser candidato de Morena a gobernador de Puebla, pero lo será a senador.

El mes de noviembre pasado, el ex diputado local perredista y ex alcalde de Tempoal, Celestino Rivera Hernández, anunció en una inserción en medios que “a invitación del Movimiento de Regeneración Nacional” y “motivado por el respaldo popular”, se registró como precandidato de Morena a diputado federal por el distrito de Pánuco.

Solo que en mayo de 2011, Celestino Rivera fue aprehendido en un hotel de paso en Tantoyuca, cuando abusaba sexualmente de un menor de 12 años de edad.

Al ser detenido en flagrancia, fue transportado desnudo en la patrulla, a cuyos elementos intentó sobornar con 250 mil pesos y una camioneta Chrysler tipo Dakota para que lo dejaran en libertad, según documentaron en ese momento los medios de la zona norte de Veracruz.

Los agentes policiacos sorprendieron a Rivera Hernández abusando sexualmente del niño, quien relató que cuando limpiaba parabrisas en un crucero, fue abordado por el político, quien le ofreció trabajo, pero en su lugar se lo llevó al motel y lo violó.

No fue esa la primera vez que se involucraba en actos de esa calaña. En junio del 2009, siendo diputado local, Rivera Hernández fue denunciado penalmente, acusado de violar a una menor de edad indígena en Tempoal, por lo que enfrentó un juicio de desafuero, el cual finalmente no procedió porque llegó a un acuerdo extrajudicial.

Por el abuso al niño de 12 años, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra La Libertad Sexual y la Familia de Tantoyuca abrió la investigación ministerial TAN/ESP/160/2011 por el presunto delito de violación, por lo que se le dictó auto de formal prisión y se le encarceló en el penal de Pacho Viejo, Coatepec.

Los pormenores fueron publicados en el portal La Clave online, que co-dirige quien esto escribe. Y esta misma semana, Celestino Rivera envió un correo electrónico en el cual exigió que sean retiradas las notas que dan cuenta de su conducta.

Según él, la publicación “viola directamente mis derechos constitucionales, y ni se diga mi familia donde se menciona a mi hijo que es servidor público”, aunque en las notas jamás se menciona a su hijo, Néstor Rivera, quien es el actual presidente municipal de Tempoal.

Rivera Hernández envió una fotografía de un documento que presenta como “oficio de boleta de absoluta libertad”, fechado el 30 de mayo de 2022 y emitido por la jueza adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Liliana Hernández García, con el cual adujo ser “un ciudadano rehabilitado que NO (sic) cuenta con antecedentes penales”. El papel, que es un resolutivo de libertad anticipada, únicamente le restituyó sus derechos políticos, mas no anuló los delitos por los que fue sentenciado y que implican, necesariamente, antecedentes penales.

Empero, Rivera Hernández amenazó con que de no retirarse las notas, “procederé ante las instancias civiles y penales que competan para solicitar sea compensado por los daños ocasionados por su empresa a mi persona y mi familia”.

Tampoco es la primera vez que este sujeto lanza amenazas. Cuando la denuncia por el abuso a la niña en 2009, Rivera Hernández amenazó de muerte a una persona que exigió que se le aplicara todo el peso de la ley.

Hoy, Celestino Rivera Hernández es operador en la zona norte de Veracruz de la precandidata de Morena la gubernatura, Rocío Nahle García, y quiere ser diputado. Así la “autoridad moral”.

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