Diputados morenistas abren “juicio político” contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia
Los tiempos de gloria de la magistrada Sofía Martínez Huerta. Foto: Ilustración.
- Sofía Martínez Huerta, quien fuera “impulsada” por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que la Legislatura local la nominará magistrada en octubre y en diciembre de 2019 presidenta del Tribunal Superior de Justicia, fue destituida de su encargo por sus propios pares del cuerpo colegiado el 23 de octubre del 2020.
Gaudencio GARCÍA /
12HORAS / XALAPA, Ver. – En forma inédita el pleno de la LXV Legislatura local, por primera vez en la historia de Veracruz, en sesión extraordinaria y por mayoría de votos, acordó someter a “juicio político” a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta. La primera mujer.
Martínez Huerta, quien fuera “impulsada” por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que la Legislatura local la nominará magistrada en octubre y en diciembre de 2019 presidenta del Tribunal Superior de Justicia, fue destituida de su encargo por sus propios pares del cuerpo colegiado el 23 de octubre del 2020.
Degradada del TSJE, Huerta quedó reducida a simple magistrada para denunciar que su destitución fue maquinada por el secretario de Gobierno y líder cameral de la LXV Legislatura local, el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, a quienes acusó de “amenazas” e “intimidación” en su contra.
Desde el 23 de octubre de 2020 a la fecha, la presidenta depuesta del órgano colegiado, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de varios recursos legales, su reinstalación del encargo porque sus pares violentaron el estado de derecho.
Al margen de sus excesos de poder, abusos -asimetrías para remover a los presidentes de las salas a modo-, tráfico de influencias y un presunto desfalcó de 60 millones de pesos de un fondo auxiliar, el choque y “canibalismo” entre Sofía, Eric y Juan Javier tuvo como epicentro las graves irregularidades que se detectaron en el presupuesto destinado para las 21 ciudades judiciales del Estado.
A la fecha, la sustituta de Sofía Martínez de cuerpo colegiado, Isabel Inés Romero Cruz, le dio carpetazo a las graves irregularidades que se registran en el presupuesto para modernizar los distritos judiciales del Estado, con claros indicios de corrupción y ambivalencia de magistrados e hijos en las obras de construcción, como socios de las empresas constructoras.
Según el comunicado de prensa número 1749 de la Legislatura local, en sesión privada y con 35 votos a favor de un total de 50 diputados, se aprobó este viernes someterla a “juicio político” por haber afectado “los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho (…)”.
El boletín oficial argumenta que “tras ser aprobado por esta Soberanía, se instruyó remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento, a fin que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule los alegatos a su favor y será la Comisión Instructora la que ratifique dicha acusación”.
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