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El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, detenido la noche del pasado viernes en Paraguay, pretendía instalar una red criminal en ese país, aseguró el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Jalil Rachid.

“Se están analizando nuevos indicios. A partir de este procedimiento, se abrió una nueva fase investigativa. No se descartan nuevas detenciones ni la presencia de más miembros del cártel en Paraguay”, apuntó en conferencia de prensa a primera hora de este lunes, en la Base de Operaciones de la Senad.

El funcionario señaló que la detención de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Bermúdez Requena, por su presunta participación en una red de apuestas clandestinas, fue un elemento clave de la intención del exfuncionario tabasqueño de establecer en el país un entramado criminal.

Sin embargo, Rachid consideró que debido a la rápida actuación de las autoridades de México y Paraguay, no dio tiempo a que el exsecretario de Seguridad tabasqueño pudiese instalar su red criminal.
“No olvidemos que un sobrino suyo ya había sido aprehendido en Paraguay unos meses antes. Por todo esto, creemos que pretendía instalar una red criminal en Paraguay”, señaló.

La presidencia de Paraguay dio a conocer un video de la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante sus redes sociales, el gobierno paraguayo difundió un video de 43 segundos de duración en el que se puede ver a efectivos de fuerzas especiales derribar la puerta de la vivienda en la que se escondía el exfuncionario tabasqueño, que contaba con alberca y se encontraba en un barrio residencial de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

En el clip se ve cómo los agentes especiales encañonan y someten a Bermúdez en el suelo. Poco después, éste aparece sentado en la sala del domicilio, donde fue notificado formalmente de su detención, acto que también fue grabado y posteriormente difundido en otro video que circula en internet.

En otro clip puede ver a varios agentes en el exterior de la vivienda en la que fue capturado el también llamado “Comandante H” o “El Abuelo”, entre ellos uno que porta una chamarra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en la operación participaron, además del CNI, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobernador Rubén Rocha Moya anunció este domingo que se cancelarán los festejos en Culiacán de este próximo 15 de septiembre. 

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Sinaloa indicó que sólo se realizará un acto cívico protocolario al que asistirá su gabinete y fuerzas de seguridad. 

«Quiero agradecer a los artistas que estaban contemplados para los festejos su profesionalismo por la disposición mostrada para ser parte de los mismos. Apelo a la comprensión de las y los sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares», dijo. 

El mandatario estatal no ofreció más detalles sobre su decisión, pero cabe señalar que esta ocurre en el marco del primer año del incremento de la violencia en el estado por la detención de Ismael «El Mayo» Zambada que ha incrementado la pugna entre Los Chapos y Los Mayos. 

«Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del Estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario», añadió Rocha Moya.

La estrategia de militarización emprendida en México, que otorgó a la Secretaría de Marina el control de puertos, aduanas y otros espacios clave, ha puesto en evidencia una red compleja que combina autoridades, empresarios y crimen organizado.

Esto afirmó en ‘Aristegui en Vivo’ Jacobo Dayán, explicando que no se trata simplemente de corrupción, sino de una “red de macrocriminalidad” donde convergen instituciones del Estado, agentes públicos y grupos criminales para controlar mercados legales e ilegales a gran escala. Esta estructura opera bajo protección política al más alto nivel y se extiende por distintas regiones del país, evidenciando una compleja madeja que abarca desde Tamaulipas hasta Veracruz y el Pacífico.

Dayán destacó el concepto de “empresa criminal continua o conjunta”, utilizado en tribunales internacionales para describir organizaciones criminales multifacéticas que actúan como grandes corporativos con fines ilegales, donde cualquier colaborador, aun sin participar directamente en actos criminales, tiene responsabilidad penal.

Señaló que esta definición explica cómo actores estatales, empresas y cárteles trabajan juntos en una operación coordinada, generando impunidad y violencia, incluyendo asesinatos y desapariciones. Frente a ello, denuncia la falta de acción eficaz por parte de autoridades y la aparente intención de mantener el caso limitado para no afectar a los altos mandos involucrados, lo que evidencia la magnitud e implicaciones políticas de este entramado criminal.
Esta es la transcripción sobre lo que detalló Jacobo Dayán:

“Una red dentro de la marina, pero también funcionarios de las aduanas, pero también gobernadores, miembros del congreso, evidentemente empresarios, una red de empresarios enorme, incluyendo empresas que se pueden dedicar no nada más a la distribución de esto, sino al lavado de dinero y no olvidar también la presencia de cárteles de la droga.