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Un segundo incidente durante el aterrizaje de los aviones que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en menos de una semana, ha vuelto a poner en el debate el tema de las condiciones de operatividad de esa central aérea, mientras que el Gobierno de ese país sostiene que la supuesta crisis no es más que una politización. Este nuevo hecho se presentó en la principal terminal aérea de ese país la noche del pasado miércoles, cuando el vuelo 762 de Aeroméxico, proveniente de Bogotá (Colombia), tuvo que abortar su aterrizaje después de que se le notificara que otra aeronave obstaculizaba la vía, por lo que tuvo que volver a elevarse. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) negó que esta situación fuera anormal y manifestó que la maniobra fue parte de las «idas al aire», que se realizan cuando culmina el proceso de aterrizaje de una aeronave y esta vuelve a levantar el vuelo. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) negó que esta situación fuera anormal y manifestó que la maniobra fue parte de las «idas al aire», que se realizan cuando culmina el proceso de aterrizaje de una aeronave y esta vuelve a levantar el vuelo.

Un grupo de militares del municipio de Nueva Italia, Michoacán, fueron perseguidos por civiles a bordo de un convoy compuesto por al menos seis camionetas. El hecho, que ocurrió el pasado 10 de mayo, fue registrado en varios videos que se hicieron virales en las redes sociales. Las grabaciones muestran a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abandonando el lugar mientras eran perseguidos e increpados. Según medios mexicanos, como El Universal, el grupo que persiguió al convoy militar estaba armado. No obstante, es difícil constatarlo por la calidad de las imágenes que se han difundido sobre el suceso. Al parecer, los militares estaban realizando labores de patrullaje relacionadas con el control de la incidencia delictiva en la zona debido a las diputas de grupos criminales. Se especula que los ciudadanos que participaron en la persecución formaban parte de las bases sociales que respaldan a las organizaciones criminales, que mantienen una encarnizada lucha por el control de esta parte del territorio mexicano.

La Administración de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decidió retirar las fotografías y carteles de personas desaparecidas que habían colocado los familiares de las víctimas en la Glorieta de la Palma, ubicada en Paseo de la Reforma, como una manera de recordar a sus seres queridos y para protestar por la impunidad en la que se mantienen estos casos. Desde la noche del martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocaron vallas metálicas alrededor de la Glorieta de la Palma, a fin de evitar que las organizaciones utilizaran el espacio para convertirlo un memorial de homenaje a las 99.852 personas desaparecidas que hay en el país, solo según la estadística oficial. El pasado domingo 8 de mayo, familiares de personas desaparecidas propusieron que en el sitio de donde fue retirada una histórica palma afectada por un hongo —y que el gobierno de Sheinbaum decidió reemplazar por un árbol llamado ahuehuete, tras una votación ciudadana—, se colocara en su lugar un ‘antimonumento por los desaparecidos’, en referencia a los espacios de memoria, verdad y justicia que recuerdan algún acontecimiento trágico y a la imperante impunidad en esos casos.