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A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que el informe oficial del caso fuera filtrado a la prensa sin censura, a lo que se sumó la denuncia de una confrontación entre funcionarios del Gobierno que derivó en la liberación de decenas de acusados. Todo ello ocurrió en vísperas del aniversario, que se cumple este lunes, y que estará marcado por la marcha que se realizará en la Ciudad de México y que encabezarán los familiares de las víctimas, que desde hace ocho años reclaman justicia con su duelo inconcluso a cuestas. Quieren saber dónde están sus hijos, qué les hicieron y que los responsables sean condenados. El sábado, la periodista Peniley Ramírez publicó la versión completa del Informe Ayotzinapa, que el Gobierno dio a conocer a mediados de agosto y que tenía varios fragmentos cubiertos con franjas negras para evitar la difusión de detalles escabrosos de la investigación, por respeto a los familiares. Otros segmentos estaban tapados ya que se trata de información que, si se revela, podría dañar el proceso judicial y beneficiar a los acusados, que podrían impugnar los juicios en su contra. La filtración generó una polémica inmediata entre quienes criticaron «el morbo» de la periodista al ofrecer detalles de cómo asesinaron a los estudiantes y quienes defendieron el derecho a la información y, en todo caso, condenaron a los funcionarios que entregaron el informe completo.

Juanita Goebertus, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, aseveró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevó a su culmen la entrega de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. En un video publicado en sus redes sociales, Goebertus aseveró que durante cuatro años de Gobierno, AMLO debilitó las policías municipales, estatales, además de que desapareció la federal “y se entregaron todas sus funciones a las Secretaría de la Defensa”. “Ha entregado el control de puertos, aduanas, incluso obras públicas para ser ejecutadas por parte de las Fuerzas Armadas. Eso ha generado a su vez menos transparencia y acceso a la información pública”. Asimismo, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch señaló que el encarcelamiento de personas sin sentencia ha aumentado; sin embargo, el país enfrenta hoy una crisis de inseguridad. “Es una actitud omisiva que deja sin protección a los mexicanos. Hoy, estamos ante una deriva autoritaria en México que ha sido absolutamente ignorada por autoridades regionales e internacionales”.