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Un juez federal se negó a suspender la remoción de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE) ordenada por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez el pasado 26 de enero.

Tras admitir a trámite el juicio de amparo con expediente 50/2025 presentado por Romero Tellaeche el pasado 27 de enero, el juez interino Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Iván Torres Rivera, negó la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, la destitución, por considerar que la determinación de Rosaura Ruiz no afecta el interés social ni priva a la sociedad de un beneficio existente.

Por lo anterior, sigue vigente la remoción de Romero Tellaeche y el nombramiento de la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora Interina del CIDE, determinación que fue confirmada este miércoles 28 de enero a través de un comunicado de la Sechiti.

De acuerdo con ese comunicado, José Antonio Romero Tellache incumplió con la presentación de sus informes de evaluación, además de que sus actuaciones habían generado “descontento” entre estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE.

“La decisión se sustenta en términos de sus responsabilidades administrativas, en el incumplimiento de lo mandatado en el artículo 98 de la Ley General en la materia y el artículo 42 del estatuto general del CIDE, al no presentar el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno”, advertía la postura oficial.

Catorce meses después del primer registro, México reporta 14,321 casos acumulados de gusano barrenador del ganado (GBG) y 870 focos activos, al tiempo que autoridades aceleran la construcción de una planta de moscas estériles en el sur del país, en medio del cierre comercial con Estados Unidos que ya genera presiones inflacionarias, según especialistas.

De acuerdo con el monitor del regulador Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre el 20 de noviembre de 2024 y el 20 de enero de 2026, se contabilizaron 14,321 casos acumulados, de los cuales solo 870 permanecen activos.

Chiapas lidera la lista con 5,580 casos acumulados, seguido de Oaxaca (2,294), Veracruz (2,150), Yucatán (1,623), Tabasco (1,109), Campeche (706) y Quintana Roo (400).

Por especies, los bovinos sumaron más de 10,106 casos acumulados, pero el GBG ya alcanzó a otras especies como perros, gatos, aves e incluso humanos, que ascienden a 105 casos por miasis.

En Yucatán se mantiene activa la vigilancia sanitaria con la entrega gratuita de kits para el control del gusano barrenador.

Por mayoría de seis votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ejercer su facultad de atracción para resolverde a forma definitiva si la condena impuesta a Mario Aburto Martínez  por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio ebe ser de 30 o 45 años de prisión, definiendo también la libertad del tijuanense.

La diferencia de 15 años de cárcel se explica por la aplicación del fuero estatal o federal para juzgar este caso. En caso de que se aplique la pena estatal, Aburto Martínez quedaría libre de inmediato, mientras que la pena federal prolongaría la estancia del magnicida por 14 años más.

Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para analizar el caso, debido a que el expediente y proceso penal contra Aburto estuvo bajo su mando cuando fue Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), impedimento que fue avalado por la mayoría de los ministros.

El juicio de amparo 104/2021 presentado por la defensa de Mario Aburto afirma que su cliente debería haber salido libre en 2024, cuando se cumplieron 30 años de sentencia por el magnicidio de Colosio, argumentando que esa era la pena máxima impuesta por el Código Penal del Estado de Baja California al momento de los hechos.

En contraste, la FGR argumentó que la pena máxima que se debe imponer a Aburto es la de 45 años de cárcel, aplicando la pena máxima contemplada en el Código Penal Federal.