Seguridad Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves 14 de agosto en la mañanera que Estados Unidos les dio a conocer la detención del exdirector de Pemex, Carlos Treviño.

Desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que además de ser detenido, será deportado a México.

Si bien afirmó no estar “segura” de quién realizó la detención, mencionó que “cree” fue el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).
Asimismo, destacó que desde hace “como cinco años”, se realizó la solicitud de extradición desde el Gobierno de México, ya que el exfuncionario se encontraba en dicho país.

A su llegada, afirmó enfrentará juicio en México, relacionado con “sobornos” y corrupción en el caso Odebrecht y “otros casos”; de la misma forma, destacó que hay relación con una denuncia “de (Emilio) Lozoya”.

La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, afirmó que su cliente fue detenido por una cuestión migratoria y que se encuentra tramitando una solicitud de asilo en Estados Unidos, lo que impediría su extradición.

El bufete Zamudio Abogados detalló en un comunicado que es falso que detuvieran a Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas por una orden de aprehensión.

Ac continuación el comunicado completo:

Tenemos conocimiento de que el señor Treviño está retenido por una confusión estrictamente de carácter migratorio pues él se encuentra legalmente en Estados Unidos con un trabajo y nunca se ha escondido. Además, se encuentra en trámite una solicitud de asilo que implica que es inextraditable.

Es preocupante que existan relaciones transaccionales de personas entre países fuera del marco del tratado de extradición, porque una cosa es que manden miembros de la delincuencia organizada que representan un peligro para la seguridad nacional y otra que,
México solicite la remisión de ciudadanos a quienes se les presume inocentes.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó este miércoles una conferencia de prensa junto a otros funcionarios de Gabinete de Seguridad para dar más detalles sobre el envío de 26 presos desde México a Estados Unidos.

El titular de la SSPC reiteró que se realizó con total “respeto a la soberanía y respeto a la reciprocidad” de ambos países, acordando así que no se solicite la pena de muerte a ninguno de los enviados.
Procedió a informar que el traslado, por razones de seguridad, fue debido a que, “aún privados de su libertad, continuaban (los enviados) dirigiendo actividades ilícitas durante visitas” en los centros de detención, y que estas reuniones, por cuestiones de derechos humanos, no pueden prohibirse.

Añadió que estas personas mantenían “operaciones criminales”, amenazaban a funcionarios y “extendían redes de corrupción e intimidación”.
De la misma manera, varios habían conseguido amparos para permanecer encerrados en cárceles o centros de baja seguridad. Asimismo, trabajan en búsqueda de acuerdos para libertad anticipada.

En esencia, se entregaron a Estados Unidos para “impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios” y otros delitos de alto impacto, generando “violencia y miedo en comunidades”.

El Gobierno de México anunció este martes que reiniciará el procedimiento penal contra el empresario Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA) y conocido como el ‘Rey del Acero’, luego de incumplir el pago de la reparación del daño por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento, vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad”, señaló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia presidencial.

Alonso Ancira obtuvo su libertad en 2021 luego de firmar un acuerdo que lo obligaba a devolver 216 millones de dólares al Gobierno mexicano.
No obstante, el titular de la Fiscalía General de la República señaló que Ancira “los primeros (pagos) los hizo y después ya no los hizo”.

Refirió que el empresario tiene nacionalidad estadounidense por lo que está viviendo en aquel país, pero acotó que verán si a través de asistencia política internacional se buscarán las garantías suficientes para que pague.