Seguridad Nacional

Autoridades ministeriales recuperaron el cuerpo sin vida de una mujer embarazada que se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de noviembre, reveló este sábado la Fiscalía General del Estado (FGE). La joven, identificada como Rosa Isela Castro Vázquez, fue hallada en un rancho del municipio de Medellín de Bravo. En el marco de la investigación, la Policía Ministerial detuvo a un hombre y una mujer como presuntos responsables del delito de «desaparición». La pareja tenía en su poder a una recién nacida, que se presume le fue raptada a Isela. La menor fue rescatada sana y salva y recibió la atención necesaria, indicó la Fiscalía. De acuerdo con medios locales, los familiares de la víctima esperan a las afueras del hospital pediátrico donde permanece el bebé y solicitarán su custodia. Castro Vázquez, de 20 años, estaba embarazada de ocho meses cuando sus familiares reportaron su desaparición. La joven nunca regresó a su casa tras salir para encontrarse con una mujer que la contactó a través de redes sociales y le ofreció regalarle ropa para su bebé.

Tres jóvenes originarios del municipio de Peribán, Michoacán, que pertenecen a las defensas rurales, fueron reportados como desaparecidos. Familiares aseguran que desde la mañana del 1 de diciembre perdieron comunicación con ellos. Alberto Estrada Mora, César Ulises Zamudio Domínguez y Ricardo Ayala García, de entre 25 y 27 años, salieron con rumbo al municipio de Vista Hermosa, pero la última vez que hablaron con ellos fue alrededor de las 9:45 de la mañana. En redes sociales circula lo que sería el último audio que envió Alberto Estrada a su hermano, donde se escucha que pide ayuda: «Voy de Saguayo a Jiquilpan, una Mazda blanca me va siguiendo». Este viernes, familiares y amigos se manifestaron y bloquearon una carretera estatal a la altura de la desviación al municipio de Tocumbo, para exigir la localización de los jóvenes a la Secretaría de la Defensa Nacional, institución a la que pertenecen las defensas rurales.

La ONU en México advirtió que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que valida el acuerdo que permite que la actuación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, podría exacerbar el “ya alto nivel de violencia” y podría favorecer las violaciones a derechos humanos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recuperó las preocupaciones previamente señaladas por expertos del organismo, en las que señalaron las posibles consecuencias de la presencia del ejército en dichas labores. Entre estas, se encuentra “la posibilidad” de que “se exacerbe el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”. También advirtieron que las Fuerzas Armadas realizarían actividades que “no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, apuntaron. Por lo tanto, la ONU-DH calificó el acuerdo como una asignación indebida en tareas de seguridad pública a los militares.

Al menos 11 socorristas de distintas corporaciones de auxilio resultaron con quemaduras este martes debido a la explosión de un ducto de etano que buscaban reparar por una fuga registrada en el municipio de Agua Dulce, al sur de Veracruz. La Secretaría de Protección Civil Estatal informó este martes que la fuerte explosión ocurrió a las 15.00 horas (21.00 GMT) en aquella localidad, en los límites entre Veracruz y Tabasco, donde un fuerte incendio se encuentra activo. Los integrantes de corporaciones municipales, estatales y de la paraestatal Petróleos Mexicanos buscaban controlar una fuga de etano que llevaba 48 horas activa en un ducto alimentador. Durante la noche del lunes, un total de 170 habitantes de la localidad Miguel Alemán Valdés fueron evacuados de sus hogares ante la amenaza que el producto llegara a su comunidad.