Seguridad Nacional

Con tres automóviles incendiados en el estacionamiento de un restaurante y la amenaza de quemar los establecimientos de comida si no pagan una millonaria cifra, se instaló el miedo en los empresarios de la comunidad china de Tijuana, una ciudad fronteriza ubicada en el estado de Baja California, al noroeste de México. El popular restaurante Mykasa, ubicado en el Boulevard Gustavo Diaz Ordaz, vivió el primer ataque el pasado lunes 26 de diciembre, cuando a las 16:28 locales (00:28 GMT del martes) se reportó que tres automóviles que pertenecían a clientes del local estaban en llamas. En el sitio, la Policía de Tijuana encontró un bidón con gasolina y pancartas con mensajes amenazantes. «Esto pasó porque no pagaron los del restaurante ‘Hainan’. Y por culpa de ellos (…) todos los restaurantes de comida china serán quemados hasta que paguen los 200.000 dólares que nos deben», reza la pancarta, según una fotografía difundida por el semanario Zeta. La cartulina estaba firmada por «La gente del charco».

Las ciudades mexicanas están en constante transformación. Su complejidad es mayúscula y con el paso de los años lo será aún más. Los datos del Consejo Nacional de Población nos muestran que, en 2018, el Sistema Urbano Nacional estaba integrado por 403 ciudades; pero las proyecciones indicaban que, dadas las tendencias y dinámicas demográficas, para el año 2030 podría haber 500 ciudades o más con 15 mil o más habitantes cada una de ellas. Al respecto, uno de los fenómenos que nos imponen más retos como país es el de la inmigración internacional, pues son decenas, quizá centenares de miles de personas quienes se han internado en el territorio nacional en la última década, la mayoría proveniente de países de Centroamérica y El Caribe; pero también de nacionalidades que no era común ver como parte importante de los flujos migratorios que atraviesan el territorio nacional. Desde esta perspectiva, el endurecimiento de posiciones políticas en los Estados Unidos de América, predominantemente del Partido Republicano y algunos partidos regionales radicales, está llevando a una toma de decisiones cada vez más agresiva en la frontera norte de México:

El gremio de abogados hizo un llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a investigar de forma expedita el posible plagio de tesis de la actual ministra, Yasmin Esquivel Mossa. El Consejo General de la Abogacía Mexicana manifestó “preocupación” por el posible plagio, expuesto por Guillermo Sheridan en Latinus, conducta que calificó como “grave”. Piden una investigación antes de que se realice el proceso para elegir al nuevo o nueva presidenta de la Suprema Corte, previsto para el 2 de enero. La organización gremial es integrada por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), la Barra Mexicana (BMA) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Las organizaciones hicieron un llamado a la UNAM para que determine si existió plagio de forma “oportuna y expedita”:

Con un promedio de más de 30.000 asesinatos al año, México anunció este jueves la creación de la Comisión para la Atención del Homicidio Doloso, al tratarse de uno de los delitos «que más afectan a la sociedad». La recién formada Comisión estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y contará con funcionarios especialistas en prevención de la violencia; en construcción de paz; en política policial y penitenciaria; y en información e infraestructura informática. Entre sus principales funciones, la instancia se encargará de integrar «un sistema único de información criminal en materia de homicidio doloso», a través de una plataforma tecnológica e informática que ayudará a mejorar la efectividad de las «acciones de prevención, investigación y sanción». En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se explica que la Comisión coordinará con autoridades de los tres niveles —federal, estatal y municipal— los programas de verificación y supervisión de la operación de las unidades que previenen e investigan el delito de homicidio.

Aurelia García, una joven indígena mexicana, fue liberada después de pasar tres años en prisión acusada de homicidio, aunque en realidad solo había tenido un aborto espontáneo y, además, su embarazo había sido producto de una violación. La jueza Mariela Soraya Alfaro declaró a García inocente del delito de «homicidio en razón de parentesco», lo que puso fin a un caso que demostró las múltiples y cotidianas violaciones a los derechos humanos que padecen las mujeres en este país, y que se agravan todavía más en los pueblos indígenas. En 2019, cuando tenía 19 años, un policía de 50 años la violó varias veces en Xochicalco, una comunidad ubicada en el estado de Guerrero, en el sur de México. Al quedar embarazada, García decidió mudarse con una tía a la ciudad de Iguala. Sabía que en el pueblo la juzgarían por tener un hijo fuera del matrimonio, y que al abusador no le pasaría nada. El 2 de octubre de ese año, la joven comenzó a tener fuertes dolores en el vientre y un sangrado abundante. Era un aborto espontáneo. Su tía llamó a una ambulancia y la trasladaron a un hospital. Estaba al borde de la muerte.