Seguridad Nacional

“Claramente este país es mucho más inseguro de lo que era hace 18 años. Hay más asesinatos, más feminicidios, más asesinatos de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos y muchísimas más desapariciones. Esta ha sido una estrategia fallida”. La manifestación es de Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (AIM), durante una entrevista en Aristegui en Vivo. Asevera: “Nos preocupa que la próxima presidenta (Claudia Sheinbaum) anuncie que refrendará este proceso de militarización con el paso formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es en verdad el Ejército Mexicano. Ya no tendremos una corporación civil a cargo de la seguridad pública”. Olivares reafirma: “Y nos preocupa, además, que sea una sus primeras decisiones, cuando hay legislación que ya establece que las Fuerzas Armadas van a dejar las calles a partir de 2028. Es decir -señala- que México ya tendría que estar en el proceso de fortalecer las corporaciones civiles para que los militares puedan regresar a sus cuarteles a las tareas que les ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en tiempos de paz”. La directora de Amnistía Internacional en México recuerda que las inquietudes de la organización se remontan al 2006, año que ha sido marcado como el inicio de la lucha frontal contra el narcotráfico. “No lo estoy diciendo sólo yo -advierte-, también la ahora presienta electa habló sobre el enorme número de efectivos, que es francamente escandaloso”.

Las leyes de transparencia indican claramente los supuestos de reserva para exceptuar temporalmente cierta información de la regla general de publicidad, aclaró el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un comunicado, en respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El INAI, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, determina en sus resoluciones que debe otorgarse la información solicitada cuando no se cumplen los requisitos legales para clasificarla, cita el documento. Las razones para restringir el acceso, agregó, deben ajustarse a los supuestos específicos de la normativa aplicable. En el caso de la CNDH, aclara el organismo, el pleno del INAI instruyó proporcionar copia de videos e imágenes captadas durante su visita a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México, así como el expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG, bajo la lógica de que se protegerán los datos personales confidenciales. El INAI consideró que los argumentos de la CNDH fueron insuficientes para confirmar la clasificación de la información solicitada. Así, se decidió entregar versiones públicas para equilibrar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, señaló.

El Instituto de la Defensoría Pública informó que un juez federal aceptó liberar a Brenda Quevedo, procesada por supuestamente estar vinculada con el secuestro de Hugo Alberto Wallace. La mujer continuará bajo proceso penal, pero con el beneficio del arraigo domiciliario con vigilancia policial. Además, deberá usar un brazalete electrónico, que marcará que no puede salir de la zona conurbada de la Ciudad de México ni del país. En el proceso judicial se determinó que no se justifica la prolongación de la prisión preventiva. Brenda Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009, por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en la modalidad de secuestro. La Defensoría Pública considera que la prisión preventiva por más de 15 años no es razonable y, por el contrario, resulta excesiva. Según el comunicado, no procede prolongar la prisión preventiva, pues dicha medida actualmente no es proporcional ni adecuada, toda vez que no existe una necesidad actual y real para que la misma continúe. La defensoría afirma que Brenda Quevedo Cruz es sobreviviente de actos de tortura sexual, ocurridos en el contexto de su detención.

l cuerpo sin vida y con signos de violencia y tortura del indígena José Rodrigo Martínez Parcero, una de las 4,000 víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Tila, Chiapas, fue hallado a las orillas del basurero municipal, informaron este domingo autoridades estatales. Agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado de Chiapas (FGE) localizaron el cuerpo del hombre, que contaba con una ficha de búsqueda, donde se detallaba que fue visto por última vez el 21 de junio 2024, alrededor de las 21:30 hora local a las afueras de la cancha de fútbol rápido en la comunidad de Yajalón, la cual sirve de refugio para cientos indígenas ch’ol que han sido desplazados. El pasado 7 de junio unos 4,000 indígenas ch’ol fueron desplazados por la violencia que azota a la localidad debido a los enfrentamientos entre dos grupos armados uno denominado ‘Los Autónomos‘ y otro reconocido como ‘Karma‘, quienes están enfrentados por un conflicto agrario. Los grupos armados están en disputa de las tierras desde hace tiempo, este año el Ejército mexicano llegó a inicios del año para calmar las cosas, pero ambos grupos prácticamente corrieron a los militares y se desató la problemática y la violencia.