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Este martes fue reportado el asesinato de dos elementos de la Guardia Nacional —y la desaparición de otro—, en los límites de los municipios San Miguel de Allende y Comonfort, en el estado de Guanajuato. El oficial identificado como Marcos de Jesús “N” de 20 años de edad, perdió la vida cuando era trasladado al Hospital General, de San Miguel de Allende, y luego de presentar heridas provocadas por un arma de fuego tras un ataque ocurrido en un sitio conocido como La Huerta. El oficial fue encontrado luego de que los servicios de emergencia recibieron una llamada por la que también se ubicó, un vehículo marca KIA Forte, color blanco, modelo 2021, dónde encontraron a otro oficial identificado como Efraín “N” de 23 años de edad, sin vida. El cuerpo estaba cubierto de cal y se pudieron localizar varios casquillos de un arma de fuego. Se dio a conocer que además de estas dos víctimas mortales se encuentra desaparecido un tercer oficial identificado como Pablo “N”, de 24 años de edad.

Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, contra la orden de aprehensión que giró en su contra un juez de Hermosillo, Sonora. Everardo Maya Arias, juez Tercero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la protección judicial al hijo de “El Chapo” que impide que sea detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el expediente 156/2023. El pasado 21 de febrero, Maya Arias notificó que un juez de control de Sonora le informó que había girado una orden de aprehensión contra Guzmán López, pero no dio a conocer por cuáles delitos. Además del proceso en México en su contra, el hijo del líder del Cártel de Sinaloa ayer inició su juicio de extradición a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico.

El estado de Puebla, en el centro del país, se convirtió en la primera entidad en tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con ácido, químicos y corrosivos, una iniciativa promovida por la activista María Elena Ríos, quien en septiembre de 2019 fue atacada con una sustancia tóxica. Las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del estado, fueron aprobadas por unanimidad por los legisladores el pasado jueves. Los cambios establecen una pena de 20 a 40 años de prisión para quien inflija lesiones internas, externas o ambas a una mujer con sustancias cáustica, inflamables, irritantes o similares. Además de que se obliga a los atacantes a pagar una multa de 34.000 a 69.000 pesos. El pasado septiembre, la Cámara de Diputados federal aprobó una reforma para catalogar a los ataques ácidos como una violencia física contra las mujeres, mientras que en noviembre el Senado pasó un proyecto que busca imponer de 7 a 13 años de prisión a quien ataque con ácido a una mujer, sin embargo, la medida aún debe ser votada en la cámara Baja.