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La Fiscalía General de la República detectó múltiples irregularidades en la carpeta de investigación que le entregó la Fiscalía de Sinaloa sobre el homicidio del diputado electo y exrector Héctor Melesio Cuén, que incluyen deficiencias en la necropsia practicada a la víctima. La autoridad federal señaló que en la copia autenticada que entregó la dependencia que encabeza Sara Bruna Quiñónez, omitieron peritajes en la escena del crimen y en la camioneta en la que presuntamente fue asesinado el político sinaloense.
De acuerdo con peritos y analistas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en la necropsia practicada al exrector de la UAS no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.
Además, el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza, así como cuatro disparos en las piernas, lo que contrasta con el video de la gasolinera, el cual tiene sonido, y sólo se escucha un disparo.

Jesús Vizcarra Calderón, dueño de los laboratorios Salud Digna y de la empresa SuKarne, habló por primera vez luego que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que viajó en un avión privado que le pertenece.
La aeronave fue utilizada por el mandatario sinaloense para viajar a Los Ángeles, California, el mismo día de la detención del líder fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y del asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén.
Según el gobernador morenista, Vizcarra insistió en que lo usaran como un préstamo, argumentando que era más conveniente que rentarlo, ya que el proceso de renta implicaba mayores complicaciones aduanales en Estados Unidos.
Este miércoles, el empresario sinaloense, ante la información difundida en medios de comunicación y redes, calificó como “infundios” los comentarios acerca de que su empresas e instituciones han sido financiadas con recursos ilícitos.

Negación del servicio público es el delito que podría haber cometido Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, al impedir la detención de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta una orden de aprehensión por el delito de peculado, aseguró el abogado penalista, Gabriel Regino.
Durante la detención fallida de Javier Corral de la noche del miércoles, Ulises Lara declaró: “decidimos no colaborar” ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de cumplimentar la orden de aprehensión contra el próximo senador plurinominal por Morena.
Pero el Código Penal de la Ciudad de México establece que el servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y una multa de 300 a mil unidades de medida y actualización; además, «será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
“Haber impedido que se cumplimentara una orden de aprehensión legalmente emitida, legalmente notificada a la fiscalía de la Ciudad de México a través del oficio de colaboración, actualiza este delito, pero además el haberse llevado al requerido a las oficinas del propio fiscal de la Ciudad de México a sabiendas de que cuenta con un mandato judicial de orden de aprehensión, decide dejar en libertad, porque interpreta que el oficio de colaboración le faltaba una respuesta y además que el fiscal se oponía a colaborar con otro estado de la República quebrantando el pacto federal”, dijo Regino.