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En un esfuerzo por responder a las crecientes exigencias de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, el Gobierno de México está implementando tecnologías de última generación para mejorar la eficacia de las operaciones en el país.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha anunciado la contratación de servicios especializados que incluyen maquinaria equipada con tecnología láser, detectores de metales de alta sensibilidad e instrumentos topográficos avanzados.
El contrato, cuya copia obtuvo El Universal, supone una inversión de hasta 140 millones de pesos (siete millones de dólares).
Las herramientas permitirán generar planos en 3D de los terrenos donde se lleven a cabo las excavaciones, ofreciendo una visión más precisa y detallada del subsuelo, aunque el contrato también prevé el uso de maquinaria pesada como excavadoras, retroexcavadoras, motobombas sumergibles, máquinas para romper concreto y grúas para levantar estructuras.
Vigente desde el 1 de marzo hasta finales de año, el contrato fue entregado a la empresa Construcciones y Servicios Vidda Jireh. Además del equipamiento técnico, incluye la contratación de operadores especializados en el manejo de esta maquinaria.
La tecnología láser que se utilizará cuenta con características avanzadas, como un ‘zoom’ de cuatro aumentos, un alcance de hasta 200 metros y un sensor de inclinación de 360 grados. Los instrumentos topográficos ópticos permitirán realizar mediciones precisas y generar planos detallados del terreno, incluyendo altimetría y planimetría y con coordenadas e imágenes en 3D.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció este domingo que la Fiscalía General de la República (FGR) les impidió estar presentes en el procesamiento del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde recientemente hallaron evidencias de crematorios clandestinos utilizados por el crimen organizado.
A través de su cuenta en la red social X, el grupo de familiares de personas desaparecidas señaló que esta decisión vulnera sus derechos como víctimas y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
«Inadmisible que a nuestro colectivo se le quiera excluir por parte de la Fiscalía General de la República, nos están violando nuestros derechos como víctimas. Solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no quieren que estemos presentes en el procesamiento», escribieron en su publicación.
El colectivo acompañó su denuncia con la imagen de un oficio emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, en el que se confirma que la FGR tomó control de la investigación y restringió el acceso a la zona del hallazgo, permitiendo sólo la presencia de personal oficial.
En el documento, fechado el mismo 16 de marzo y firmado por el comisionado estatal de búsqueda, Víctor Hugo Ávila Barrientos, se especifica que «una vez que esta autoridad federal determine que puedan acudir en calidad de observadores, en tiempo y forma se les hará de su conocimiento».