Partidos políticos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se “adelantó” este martes en su conferencia mañanera a las posibles críticas por parte de sus opositores y “comentócratas”, tras presentarse este martes la reforma para la Ley de la Guardia Nacional.

Haciendo énfasis en que, con los cambios legislativos, elementos de la Guardia Nacional podrán pedir licencia para aspirar a ocupar cargos de elección popular, Sheinbaum explicó que no se trata de algo nuevo, sino que se remonta, en el caso de las Fuerzas Armadas y Fuerza Aérea, a la Constitución.
Desde Palacio Nacional, dijo que la carta magna establece que los miembros de estos cuerpos del ejército pueden solicitar la licencia, y lo que se busca con la reforma es que se extienda para la Guardia Nacional: “Se está haciendo similitud entre los elementos”.

Por ello, respaldado en el Artículo 55, fracción IV de la Constitución de 1917, afirmó que las críticas que se puedan hacer a este punto, son solo reflejo de “pura ignorancia” de la oposición.

Bajo esta premisa, invitó a uno de los cargos militares presentes para el informe quincenal de seguridad, para explicar los diferentes tipos de licencia que existen en el Ejército y ahora serán extendidos a la Guardia Nacional:

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que los colectivos buscadores y familias víctimas de desaparición en nuestro país “están contentos” con su desempeño al frente del organismo.

A pesar de que diversos colectivos de familias buscadoras en México han solicitado la renuncia de Ombudsman nacional, la titular de la CNDH aseguró que en las reuniones que con familias de víctimas de desaparición forzada nunca le han manifestado inconformidad por su labor.

La presencia de la Ombudsman nacional causó expectación durante la presentación de los resultados de las mesas de trabajo de los diálogos con Familias y Colectivos sobre la agenda de personas desaparecidas en México, ya que no se presentó a ninguna reunión y solo acudieron representantes o visitadores de la CNDH.

“Pues los colectivos yo veo que están contentos, cuando van conmigo están contentos y que agradecen que sean tomados en cuenta como nunca antes habían sido tomados en cuenta”, afirmó Piedra Ibarra

A lo largo de esta administración y de las mesas de trabajo, colectivos de buscadores como Madres Buscadoras de Sonora, de Cecilia Flores, entre otros, exigieron la destitución de Rosario Pierda Ibarra.

El Senado de la República arranca hoy un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas en materia de seguridad, antilavado de dinero, reducción de trámites burocráticos, telecomunicaciones y garantías de búsqueda para personas desaparecidas.

Tres esas normas (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares) generan polémica por el hecho que contemplan la creación de bases de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de las reformas antilavado, permite a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pedir información a cualquier ente gubernamental, lo que incluye datos e imágenes, sobre ciudadanos susceptibles de ser investigados.

En tanto, la ley de telecomunicaciones prevé crear un registro nacional de telefonía móvil con datos biométricos de los ciudadanos, un instrumento que no obstante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional.

A su vez, las reformas en materia de desaparición de personas también prevén la incorporación de datos biométricos de familiares de personas no localizadas.

El senador morenista Saúl Monreal Ávila reiteró que buscará ser candidato a gobernador de Zacatecas en 2027, y si Morena o su hermano, el gobernador David Monreal, no lo permiten, tiene otras opciones, como ir solo con PT o VEZ, incluso mediante una candidatura independiente.

Monreal argumentó que votó en favor de la reforma contra el nepotismo que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, pero consideró que sólo le debe aplicar para quienes sin ningún mérito político son impuestos por el gobernante en turno.

“En mi caso uno, yo tengo 27 años en la política, fui diputado local, presidente municipal, traigo mi propia trayectoria, por eso yo digo: puede haber excepciones. A mí nadie me está dando nada; es más, no soy el candidato del gobernador (David Monreal)”, sentenció.

“Está firme mi aspiración. Lo reitero: hay una aspiración a la gubernatura; desafortunadamente o afortunadamente está un hermano. Voy a seguir en Morena, falta mucho para el 2017, pero lo que sí le puedo decir es que estoy recorriendo el estado, voy a continuar. (…) Lo que sí no voy a permitir que gente del mismo Zacatecas me elimine o me quiera hacer a un lado cuando todavía no hay determinaciones. No se vale que den por descontado en automático”, dijo.

Entrevistado previo al inicio del periodo extraordinario de sesiones en el Senado, Monreal reconoció que la cláusula contra el nepotismo que se incluyó en los estatutos de Morena le impedirá competir con ese partido en 2027, ya que ningún familiar del gobernador David Monreal podrá ser postulado.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, negó haber obtenido algún beneficio de parte de Morena o el gobierno federal por haber votado en favor de validar las elecciones judiciales del 1 de junio, pese a las irregularidades que otros consejeros exhibieron como el uso ilícito de acordeones, casillas zapato y urnas embarazadas.

“Primero, soy sin duda la consejera más investigada en este país por cuestiones perfectamente falsas. Yo tengo la conciencia tranquila, siempre he votado a conciencia. Siempre como ahora puedo dar garantía y puedo dar argumentos de por qué estoy votando como estoy votando, y yo no busco el aplausómetro», dijo.

Entrevistada previo a la sesión del Consejo General, Humphrey Jordan argumentó que ningún consejero propuso invalidar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sostuvo que ella no lo propuso porque no había elementos, ya que sólo se encontraron irregularidades en menos del 1% de las casillas, y por lo cual no se contabilizaron 3.7 millones de votos.

 «Yo soy una consejera electoral y yo debo cumplir lo que dice la Constitución, única y exclusivamente. Si en algunos contextos les gusta a unas personas y en otros a otras, porque así pasa en un país que está polarizado, pues lo siento mucho”, aseveró.

“Pero aquí ninguno de los consejeros electorales y de las consejera electorales, nadie de los 11 que estamos en esa mesa, determinaron que habían pruebas fehacientes para declarar la invalidez de la elección del proceso, eso fue lo que pasó, no hay una consejera y un consejero electoral, a nadie oyeron que propusiera la invalidez del proceso, porque no hay pruebas fehacientes”, afirmó.