Partidos políticos

Contratos matrimoniales temporales con opción a renovación es la novedosa propuesta legislativa que busca ofrecer alternativas a generaciones más jóvenes y reducir la carga administrativa de los juzgados ante la alta demanda de divorcios, explicó este viernes su impulsor, Enrique Velázquez, diputado del estado de Jalisco, en el oeste de México.

“(Puede ser) dos, tres, cuatro, cinco años, pero puedes ponerle 8 años o 10 años, lo que la pareja quiera y registrar ese contrato y si les va bien, 90 días antes de que acabe el contrato dicen ‘queremos renovarlo’”, expresó Velázquez, del partido Hagamos, en declaraciones a EFE.

“Puedes hacerle modificaciones al contrato, lo que tú quieras y renovarlo por otros cinco, por otros 10, lo que tú quieras”, agregó.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de incluir cláusulas relacionadas con los hijos, los bienes en común y cualquier otro aspecto en el que las partes acuerden. Si así lo deciden, podrían renovar el contrato o darlo por terminado sin pasar por un proceso de divorcio largo y costoso.

Velázquez afirmó que la iniciativa responde tanto al desinterés creciente de muchas personas por contraer matrimonio como a la necesidad de aliviar la saturación de los juzgados familiares, derivada del aumento de demandas de divorcio y del tiempo que las parejas deben esperar para disolver legalmente su unión.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron su extrañeza sobre si el gobierno federal creará una nueva identificación de los ciudadanos, para sustituirla por la actual credencial que emite ese instituto desde 1991.

“Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”, dijo Uuc-kib Espadas Ancona, consejero electoral. 

En la reciente reforma que aprobó el Congreso de la Unión a la Ley General de Población en materia de personas desaparecidas, se estableció a la Clave Única de Registro de Población (CURP), con datos biométricos, como elemento base de identificación de las personas.

“La CURP que contenga las huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”, menciona.  

El consejero Jorge Montaño también dijo desconocer si el gobierno sustituirá a la credencial del INE por la CURP, y si esta servirá para votar en las elecciones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por un monto aproximado de 32 millones de pesos, derivado de irregularidades encontradas en la auditoría especial realizada al rubro de impuestos por pagar de los partidos políticos nacionales.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan, aseguró que se realizó una revisión a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, dividido en siete fuerzas políticas nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 locales.

Según la auditoría, los partidos no pagaron 61 millones de pesos en impuestos al SAT, 231 mil pesos al IMSS y 229 mil al Infonavit. El partido con más adeudos es el PT, con atrasos de más de 27 millones de pesos. Le sigue el ya extinto PRD (17 millones de pesos), el PRI, con 8 millones de pesos y el PVEM, con más de 5 millones de pesos.
Morena es el único partido sin incumplimientos:
Con la decisión se ordenó a los organismos electorales locales realizar los cobros necesarios. Se espera que los partidos acudan al Tribunal Electoral para impugnar la decisión.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) solicitó a las autoridades fiscales, de seguridad social y tesorerías locales de las 32 entidades federativas, la información sobre el estatus de los saldos pendientes de impuestos por pagar correspondientes a cada instituto político de los ejercicios 2022 y anteriores.

Luego de que ayer Gerardo Fernández Noroña la destapó como aspirante a presidir el Senado a partir del 1 de septiembre, la senadora morenista Laura Itzel Castillo confirmó que sí desea ocupar ese cargo, aunque dijo que no cabildea para ello.

“Yo agradezco mucho las palabras y las consideraciones del presidente de la mesa directa Gerardo Fernandez Noroña pero como he dicho, no he tomado ninguna decisión ni he tomado en este momento algo al respecto, pero agradezco», dijo.

«No he estado hablando con los senadores y senadoras, pero desde luego que para mí sería un honor poder presidir esta Cámara. Esto ya se definirá en agosto, obviamente antes del 1 de septiembre”, afirmó.

Laura Itzel Castillo, hija del líder de la izquierda Heberto Castillo, forma parte del grupo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2000 cuando él fue jefe de gobierno del Distrito Federal.

Permaneciendo en el cargo hasta 2005 cuando renunció para incorporarse a la campaña presidencial de López Obrador un año después. Al perder la competencia electoral ese año, López Obrador la llamó secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del autodenominado gobierno legítimo.

La senadora morenista Olga Patricia Sosa Ruiz afirmó que el depósito de 30.5 millones de pesos que hizo su madre en Vector Casa de Bolsa, vinculada a Alfonso Romo, fue por la venta de acciones de su abuelo, y negó que sean por operaciones de «huachicol». 

En redes sociales se difundió una ficha de un presunto depósito con cheque nominativo en el 2022 por parte de Olga Patricia Ruiz García, madre de la legisladora, en Vector, ente financiero mexicano que fue sancionado la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestamente lavar dinero para un grupo delictivo.

“No figuro como titular en la cuenta bancaria referida en la publicación. Los fondos mencionados en el documento no me pertenecen. No realice la transacción que se menciona en la nota», mencionó.

La titular de la cuenta es mi madre, quien vendió acciones heredadas de mi abuelo con antigüedad de 1997 en el mercado de valores.

«Estas acciones provenían de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores”, agregó la legisladora oficialista, quien no proporcionó el nombre de la supuesta empresa familiar.