Partidos políticos

El morenista Gerardo Fernández Noroña rechazó la propuesta de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para restringir la militancia en ese instituto a políticos de otros partidos como el PAN y el PRI.

En una conferencia de prensa, el también presidente del Senado consideró que sólo se debe restringir la militancia a quienes tengan sentencia firme por corrupción o delitos de represión social. 

Puso de ejemplo el caso del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien decidió incorporarse a la bancada de Morena, justo cuando a ese partido le faltaba un voto para aprobar la reforma judicial el año pasado. 

“Una comisión que decida quién entra y quién no, francamente me parece, lo voy a decir, excesivo. La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena, la verdad. Se afilió por invitación. O sea, él estaba bien sin afiliarse a Morena. Y personalizan, pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial, ni más ni menos.

Yo creo que un escenario son las situaciones políticas, el reconocimiento, los acercamientos, las alianzas y otro es la militancia. Y me parece que se resolvería con dejar muy claro en los estatutos qué conductas no son aceptables y qué personas que hayan incurrido en esas conductas, pues no deben ingresar al partido”, planteó.

La reforma judicial aprobada en 2024, que entre otras cosas avala la elección de jueces por voto popular, representó «el golpe final» a una serie de ataques en contra del Poder Judicial desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo para debilitarlo y ser capturado por Morena, según detalla un informe.

De acuerdo con el documento, «La Independencia Judicial en Jaque. Ataques al Poder Judicial en México 2018-2024»  publicado por la Fundación para la Justicia, el ataque contra los jueces fue resultado del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación (PJF) en general a reformas de gran relevancia para el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documento, se detallan una serie de ataques «retóricos e institucionales» que lograron deslegitimar al Poder Judicial y denuncia que el objetivo del gobierno de López Obrador era controlar a este poder.

El informe se compone de cuatro capítulos. El primero explica cómo la reforma de 1994 permitió que el PJF se convirtiera en un verdadero contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, mientras que el segundo realiza un recuento de los ataques retóricos desde el Ejecutivo.

«Se identificó que en el 30% de las conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron ataques en contra del Poder Judicial, mientras que por parte de la Cámara de Diputados, se identificó que en 24% de sus sesiones, los diputados atacaron la legitimidad de las personas juzgadoras. El Senado lo hizo en 22% de las sesiones», advierte el texto.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, —ambas emanadas de Morena— encabezaron un desencuentro.

Caballero acusó a la gobernadora de «intentar quitarme mi casa» y señaló a su esposo, Carlos Torres, «intentó destruir mi carrera con su amiga».

«Intentaste quitarme mi casa y pagaste con la tuya, tus procesos infundados han retrasado mi residencia al lado de mi esposo; aclaro que retrasar no es lo mismo que evitar, pero tú sí te quedaste sin visa, tu esposo intentó destruir mi carrera con su amiga y terminó destruyendo la tuya y ahora escondido, mientras yo seguiré haciendo frente a todos y cada uno de tus infundios», escribió. 

Sin embargo, no precisó los hechos por los que acusa a la gobernadora e ironizó sobre su retiro de visa estadounidense. «Todo Baja California sabe quién es quién. Sólo me queda esperar, porque la verdad siempre sale a la luz», añadió. 

Ante este señalamiento, la prensa preguntó a la gobernadora Marina del Pilar sobre el desencuentro al finalizar un evento público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, confirmó que la credencial del INE dejará de ser un documento oficial con las que los mexicanos se identifican en bancos, hospitales, museos, bibliotecas y trámites, pues el gobierno federal recabará los datos biométricos de los mexicanos para que la CURP sea el documento oficial de identificación nacional. 

En la reciente reforma a la Ley General de Población, en materia de desaparición de personas, la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión aprobó que la CURP contenga las huellas dactilares y fotografía, y será el documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional.

Luego de que consejeros del INE dijeron desconocer el carácter que el gobierno federal buscaba dar a la CURP, la senadora Margarita Valdéz dijo en entrevista que no hay confusión, porque la credencial del INE fue creada únicamente para votar, por lo que, una vez que el gobierno recabe los datos biométricos de los mexicanos, incluídos menores de edad, dicho documento será únicamente para sufragar. 

“Aquí no sé por qué el INE está tan confundido, porque originalmente la INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más. La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación.

“Claro está que lleva tiempo que la gente se acostumbre a que la INE no va a ser el documento con el que entramos a los museos, no va a ser el documento que nos piden en el banco y demás. Se va a llevar tiempo, la gente está confundida, pero aquí no hay que confundirnos más: la INE es para votar y su origen era para votar, se fue acostumbrando precisamente por la huella, por la firma, por la foto que estaba mucho más completa que otros documentos a que era lo que nos identificara”, señaló.

Senadores de oposición cuestionaron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado en su sexenio el fin del robo de combustible, pero el actual gobierno federal descubrió robos millonarios de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que demandaron una investigación para sancionar a funcionarios involucrados. 

“Sí, exigimos que haya una investigación respecto de la administración anterior, porque recordarán ustedes que entre diciembre de 2018 y enero de 2019 López Obrador anunció una estrategia donde compraron pipas, cerraron ductos, generaron desabasto en las gasolinerías y lo más grave: mintieron. Dijeron que se había acabado el problema del ‘huachicol’. Ahora en Coahuila, sólo en Coahuila incautaron 15 millones de litros”, cuestionó el coordinador del PAN, Ricardo Anaya.

Afirmó que bienvenidos los operativos del actual gobierno para combatir el robo de combustible, “caiga quien caiga, sea del partido que sea, de la administración que haya sido”, para que se sepa dónde fue a parar ese dinero, “porque efectivamente hay quien sostiene que no solamente fue a los bolsillos de los delincuentes, sino en muchos casos al patrimonio de políticos corruptos e inclusive a campañas políticas”. 

El panista cuestionó “que el gobierno anterior nos haya dicho que se había acabado el huachicol y ahora encuentren en un solo lugar que había huachicol, es decir, gasolina robada que sirve para llenarle el tanque a más de 300 mil vehículos, pues por supuesto que implica el que nosotros ahora exijamos una investigación a fondo, porque además para que haya estos robos se requiere que las autoridades hayan colaborado”, añadió.

Miguel Ángel Patiño Arroyo y María Elena Cornejo, quienes desde el 2015 y 1990 fueron funcionarios clave en el Instituto Nacional Electoral para la organización electoral, anunciaron el retiro de sus cargos, y la presidenta del órgano, Guadalupe Taddei, nombró de inmediato a sus remplazos.

Los anuncios se hicieron en una reunión que sostuvo hoy Taddei Zavala con integrantes de la Junta General Ejecutiva.

Miguel Ángel Patiño Arroyo, director Ejecutivo de Organización Electoral, presentó su renuncia con efectos al 15 de julio y se reincorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional.

A su vez, María Elena Cornejo Esparza, directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el área encargada de capacitar a ciudadanos para fungir como funcionarios de casilla en la pasada elección judicial y de la presidencial del año pasado, anunció el inicio de su trámite prejubilatorio y solicitó su retiro voluntario.

Al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la presidenta del INE designó a Roberto Carlos Félix López, quien se desempeñaba como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y también Secretario Técnico de la Comisión Temporal de la elección judicial.