Partidos políticos

Diputados de la 4T aprobaron este jueves con 316 votos a favor, el dictamen para establecer y fortalecer mecanismos entre el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos y las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera en el país.  

En la fundamentación del proyecto en el que la oposición sumó 123 sufragios en contra, la diputada María Guadalupe Morales aseguró se creará una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que estará conformada por cinco consejerías del INE y “que será el vínculo entre las autoridades encargadas de revisar los perfiles de las personas candidatas y los partidos políticos que voluntariamente opten por este mecanismo de revisión de antecedentes ante la ciudadanía”.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Abigail Arredondo afirmó que el dictamen, “es una trampa, es un doble juego y desde ahorita lo decimos ¡que cinismo”, enfatizó cuando la sesión suma 25 horas en el pleno.

“La solicitud que haga la comisión será el pretexto perfecto para iniciar la maravillosa persecución política, persecución que hemos visto desde que llegaron ustedes al gobierno, y que ahorita lo vemos nuevamente, latente con todo su aparato, con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ¿por qué? Por desmantelar un narco-laboratorio”, consideró.

La morenista Morales detalló que habrá “un intercambio de información efectivo y eficiente, para garantizar la integridad de las personas que aspiren a cargos de elección popular, y que los partidos políticos cuenten con información suficiente, relevante y oportuna respecto a la integridad de los perfiles de las y los candidatos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las investigaciones relacionadas con operativos en Chihuahua y señalamientos contra funcionarios de Sinaloa no deben utilizarse con fines políticos y advirtió que podrían existir intereses para influir tanto en las elecciones de Estados Unidos de noviembre próximo como en los comicios mexicanos de 2027.

La mandataria sostuvo que “puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre o para influir en las elecciones de México en el 27”, por lo que pidió “claridad” y apego a las leyes mexicanas en cualquier investigación relacionada con autoridades extranjeras.

Sheinbaum rechazó que exista una motivación política detrás de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua hacia la gobernadora María Eugenia Campos, luego de un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde fueron ubicados laboratorios de metanfetaminas.

Recordó que en ese sitio murieron cuatro personas en un accidente, entre ellos dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua y dos agentes extranjeros de la CIA y otros dos fueron retornados a Estados Unidos.

La presidenta explicó que el cuestionamiento hacia la gobernadora panista surgió porque los agentes extranjeros participaron en labores de campo junto con autoridades estatales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró que es falsa la información sobre una supuesta imputación penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y precisó que la audiencia judicial notificada a la mandataria corresponde a una impugnación presentada por el senador morenista Javier Corral Jurado.

En una tarjeta informativa, la institución señaló que, tras una denuncia interpuesta por Corral, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales realizó diligencias y agotó las líneas de investigación relacionadas con el caso.

“Como resultado de dicha investigación, esta Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de esta institución”, indicó.

La FGJCDMX agregó que esa determinación fue validada posteriormente por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada al denunciante conforme a derecho.

De acuerdo con la Fiscalía, la audiencia notificada a Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia “corresponde exclusivamente a la impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por esta Fiscalía, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Con el voto de Morena y aliados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial federal y local, además de establecer que la revocación de mandato presidencial se realice de manera concurrente con procesos electorales federales o estatales.

El dictamen fue avalado con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, tras un debate de alrededor de cuatro horas y media, marcado por acusaciones, confrontaciones verbales y pancartas de protesta exhibidas por legisladores de oposición con consignas como “Corte patito”, “Voto en contra de los acordeones” y “No más ministros chicharrón”.

La reforma modifica y adiciona disposiciones de los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución. El dictamen deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de propuestas presentadas por legisladores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.

Entre los principales cambios, se establece que la jornada electoral judicial prevista originalmente para 2027 se realizará el primer domingo de junio de 2028, con el argumento de evitar la coincidencia de múltiples procesos electorales federales, locales y judiciales.

En 2027 se celebrarán elecciones para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales en 31 entidades y ayuntamientos en 30 estados, pero además estaba prevista la renovación de cargos judiciales federales y locales, entre ellos cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, lanzó críticas contra el Partido Acción Nacional (PAN), al que señaló de actuar como un grupo de “delincuentes defendiendo a delincuentes”.

Durante su conferencia de prensa semanal, la dirigencia retomó el ataque contra el denominado “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez y señaló directamente a Jorge Romero, presidente del albiazul, como presunto promotor inicial y jefe político de esa red.

Según su información, hasta 2022 se detectaron 130 inmuebles construidos presuntamente de manera irregular, los cuales acumularon más de 260 niveles excedentes a lo permitido por las normas de desarrollo urbano.

Morena sostuvo que esta presunta red de corrupción involucra más de 7 mil 142 millones de pesos en inversión y ha derivado en procesos penales contra más de 50 personas. Según lo expuesto, los casos apuntan a una presunta operación entre exfuncionarios públicos y constructoras privadas.

En asuntos internos del partido, la dirigente abordó el debate sobre el nepotismo electoral y confirmó haber sostenido un diálogo con el senador Saúl Monreal. Según dijo Montiel, Monreal aceptó declinar a su aspiración de contender por la gubernatura de Zacatecas.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el vicefiscal general con licencia de dicha entidad, Dámaso Castro Saavedra, comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones derivadas de la acusación formal por narcotráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

A través de redes sociales, Rocha Moya confirmó su asistencia ante la sede de la FGR en Culiacán. “Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió en su cuenta oficial de X.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, añadió. “Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”.

Adicionalmente, el senador de Morena, Enrique Inzunza, también acudió este martes a la citación de la Fiscalía General de la República. En redes sociales escribió:

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo. Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.