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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, admitió este lunes la veracidad de los audios revelados que confirman que busca un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. 

En un comunicado, la morenista confirmó que las grabaciones difundidas por el periodista Héctor de Mauleón corresponden a conversaciones privadas sostenidas con personas que se han identifican como «agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses». 

Aunque señala que estas personas no han acreditado de manera formal su representación, la gobernadora indica que estas le plantearon distintos escenarios. 

«Sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, por lo que la gobernadora indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse mediante las vías legales e institucionales correspondientes», señala. 

En la conversación difundida, Marina del Pilar se dice dispuesta a brindar información a las agencias estadounidenses, incluso de las mesas de seguridad.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campus, afirmó que desde hace meses había advertido sobre los riesgos de que el gobierno mexicano protegiera a gobernantes, como Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

La mandataria dijo que ayer la Fiscalía General de la República informó lo más grave y es que no tiene pruebas suficientes contra el gobernador con licencia, pese a los señalamientos e investigaciones contra el morenista.

«La FGR declaró ayer que no tiene pruebas suficientes, que el caso no reúne el parámetro probatorio para proceder contra Rocha Moya, cuando Sinaloa entero ha vivido la tragedia de los vínculos de sus autoridades con el crimen organizado», aseguró.

La mandataria dijo que una de las consecuencias es que Estados Unidos se negó a renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no que se realizarán revisiones anuales, lo que significa una incertidumbre permanente, donde se podrían imponer reglas cada doce meses.

La panista agregó que otra de las facturas fue el traslado de la planta automotriz Toyota que trasladará su producción de Tijuana a Texas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este miércoles parte de los informes con Estados Unidos sobre la extradición de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, y los ocho funcionarios sinaloenses acusados por el gobierno de Donald Trump de vínculos con el narcotráfico y Los Chapitos.

En las comunicaciones, la SRE resalta que el gobierno de Sheinbaum no permitirá ninguna injerencia externa y reitera que, si no hay pruebas contra los acusados y no se les somete al procedimiento de extradición correspondiente en el Estado requerido, porque se vulneraría su derecho al debido proceso.

“México mantiene la cooperación con Estados Unidos, pero no permitirá ninguna injerencia externa en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano”, detalla parte de los documentos compartidos por la SRE.

En las líneas de comunicación entre ambas nacionales, el gobierno de México fijó una “postura clara, de verdad, justicia y defensa a la soberanía».

La SRE añade que el caso se está llevando a cabo conforme al marco jurídico y todas las solicitudes han sido remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya inició la indagación y decidirá los pasos a seguir con base a las pruebas y el debido proceso.

“En el sistema de justicia penal acusatorio de México, no puede llevarse a cabo ninguna detención o acción judicial sin pruebas sólidas, y no únicamente con señalamientos o acusaciones por escrito”, reitera.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex acusado de corrupción, Emilio Lozoya.

La detención ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según informó la FGR este jueves.

A Gilda se le investiga por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detenida habría fungido “como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita”, señaló la Fiscalía.

Las investigaciones conducidas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) vinculan a esta persona con el caso Agronitrogenados, pues se habría convertido en beneficiaria de Tochos Holding Limited, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio Lozoya.

La alcaldesa morenista de Cuautitlán, Estado de México, Juana Carrillo, asistió este martes al Estadio Azteca para presenciar el partido de futbol de la Selección Mexicana contra Ecuador desde una zona exclusiva.

En imágenes compartidas por la propia morenista se le puede observar en un área muy cercana a la cancha de futbol, cuyos boletos oscilan entre los 100 mil y 150 mil pesos.

La presidenta municipal realizó dos transmisiones en vivo desde el estadio. En una de ellas los usuarios la cuestionaron por acudir al partido, a lo que respondió de manera tajante:

«Estamos transmitiéndoles en vivo, estoy leyendo algunos comentarios, estamos trabajando como nunca», aseguró.

«Acá ahogándonos’, ‘Disfruta lo robado’, ‘Puras fallas con sus semáforos que puso en cada esquina’, fueron algunos de los comentarios que recibió».

La morenista presumió con diversos videos y fotografías su estancia y portaba una playera en color verde. En las últimas publicaciones realizadas desde sus redes oficiales, la morenista publicó otro video durante el festejo y el primer gol de México.