Felipe de Jesús Fernández Basilio

En la pasada colaboración empezamos una confrontación entre lo que dispone la constitución en relación a las facultades y deberes del presidente de la república y la manera en que actúa la persona que hoy en día ocupa tal cargo y se hizo un énfasis especial en la forma en que López está incumpliendo con lo que juramentó el día que tomó posesión del cargo. Para ello realizamos un análisis del juramento que se encuentra en el artículo 87 de la Carta Magna, mismo que resume tanto las obligaciones del presidente como lo que la nación espera de él, ya que lo obliga a: Guardar y hacer guardar esta constitución y las leyes que de ella emane, a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república, mirando por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, la nación se lo demandará.

En las semanas anteriores, en este espacio hemos contrastado el actuar apegado a la legalidad por parte de diversos órganos públicos frente al no tan legal actuar del presidente cuando ha entrado en conflicto con ellos, conflicto generalmente buscado por él al entrar en cuestiones que no le corresponden de acuerdo a la normatividad constitucional y legal que regula sus facultades. Ahora vamos a centrarnos directamente en su figura, es decir en las ilegalidades e incluso verdaderas barbaridades en las que todos los días incurre, quizá porque empieza a darse cuenta que su poder se le empieza esfumar y que las resistencias a sus políticas son bastante encarnizadas o quizá también debido a que percibe que su gobierno no va a trascender a la fecha en que expire su mandato por todo el descontento que ha provocado al jugar a ser presidente en lugar de serlo verdaderamente.

La palabra que da nombre a esta colaboración formalmente no existe en la lengua castellana y sin embargo se empieza a utilizar cada vez con más frecuencia para nombrar lo que está pasando en México con la actual administración. Con esta nueva palabra se quiere designar a las consecuencias fatales que se producen a raíz del manejo criminal, no puede llamarse de otra manera, que se está haciendo con las finanzas públicas al recortar todos los presupuestos con los que operan las dependencias y los servicios públicos para dedicarlos exclusivamente con fines políticos, electorales y de caprichos; siendo una muestra clara de esa ruindad la tragedia que ocurrió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, también conocida como la Línea Dorada.

En la semana pasada comentábamos en este espacio que tanto las organizaciones civiles como los individuos en particular, somos los únicos que podemos frenar esta locura autoritaria en la que el país está envuelto, ya que por medio de acciones sociales, mediáticas y sobre todo legales es como se puede frenar al autoritarismo que cada vez como nos estamos dando cuenta, cada vez es más difícil de imponer. Ciertamente hay presiones muy fuertes sobre jueces e instituciones que solo hacen su trabajo, el que consiste lisa y llanamente en aplicar la ley por parte de un presidente que, siendo licenciado en derecho, llama todos los días a aplicar la ley en su favor, pero también a desconocerla cuando no le favorece, ya lo ha dicho varias veces: “entre lo legal y lo justo, hay que optar siempre por lo justo”.

En esta ocasión continuaremos analizando la aplicación de la norma jurídica constitucional por parte de los órganos estatales establecidos por la propia constitución en contraste a la manera en que la pretende desaplicar el presidente de la república, quien por cierto también emana de ella. La vez pasada habíamos explicado las características que las normas de derecho público tienen tanto para crear órganos públicos como para establecer sus facultades, es decir, que cualquier órgano del Estado existe y actúa porque se encuentra establecido en la constitución o en alguna ley que de ella emane.

Dicen los estudiosos clásicos de la norma que los humanos tanto por existir como por vivir en sociedad nos encontramos sujetos a diversas clases de regulaciones a las que tenemos que prestar atención. De acuerdo al tipo de regulación, su observancia puede ser totalmente voluntaria como cuando queremos pertenecer a un determinado club social o bien puede ser también por convicción las cuales, aunque también su observancia es voluntaria a la vez exigen un mayor compromiso y el mejor ejemplo para ilustrarlas lo encontramos en las diversas normas religiosas en un Estado no teocrático o laico como el nuestro.

Como ya es por todos sabido, se empieza a configurar la competencia electoral de este año y ya las alianzas tanto gobiernistas como opositoras y algunos partidos políticos que van solos por valientes o porque la legislación electoral no les permite otra opción, han designado a sus candidatos para la Cámara de Diputados federal y para elecciones a diversos cargos locales de acuerdo al calendario electoral de cada estado que tiene este año una cita con las urnas. Sin embargo, en el caso de las alianzas que en apariencia dominan las preferencias electorales vemos con incredulidad como siguen la costumbre mexicana de despreciar al electorado y postulan a quien los dirigentes partidistas quieren sin importar la idoneidad del candidato o incluso su desempeño en los cargos públicos que ocuparon el pasado.

Esta vez voy a comenzar preguntándoles si ¿Alguna vez se han sentido discriminados por las autoridades? Y probablemente antes de leer la columna su respuesta sea una y al final la sea diferente y ello obedece a que hay muchas maneras de hacer discriminaciones, mismas que van desde las clásicas como el color de la piel, el género, las preferencias sexuales, la manera de vestir, si se es nacional o extranjero o en este último caso atendiendo al lugar de origen (ya que no se ve de la misma manera a quien proviene de un país desarrollado occidental que a los que vienen de países más pobres que el nuestro), entre otras muchas que conocemos y que han sido abundantemente tratadas y por ello son conocidas.

Las elecciones se acercan y me hubiera gustado escribir acerca de que el abanico de opciones es amplio y que podemos escoger entre tal o cual programa o candidato, pero la realidad es que tenemos que escoger solamente entre dos opciones o limitamos al actual gobierno o seguimos como estamos o aún peor, porque la destrucción de las instituciones va a ir en aumento. Una máxima de la democracia, es que esta es capaz de regularse a sí misma por medio de las elecciones periódicas y en un sistema presidencialista como el nuestro, ése es precisamente el fin de las elecciones intermedias, ya que a través de ellas se somete a la consideración popular la actuación del gobierno a la mitad de su gestión y aunque el ejecutivo no se toca, sí se le evalúa aumentando o restando su fuerza legislativa.

El primer fin de semana de marzo vimos materializarse algo que desde hace dos años y medio se nota todos los días y es que al levantarse una muralla protectora y a la vez aislante en derredor del Palacio Nacional se plasma en el mundo real lo que en verdad ha sido la forma de actuar del gobierno federal en esta administración. Siendo así porque el presidente y sus principales colaboradores han tenido desde que asumieron sus cargos esa actitud de bloqueo y aislamiento ante todo lo que no les parece y de esa manera también han implementado las pocas acciones de gobierno real que se han generado en esta administración.