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Un grupo de estudiantes universitarios irrumpió este jueves en el Congreso de Sinaloa, debido a que se pretendía discutir el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Con gritos de “¡Fuera Rocha, fuera Rocha!”, en alusión al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y “¡No robar, no traicionar, no mentir!”, los universitarios externaron su disgusto sobre este dictamen.
En redes sociales se difundieron videos que captaron el momento en el que los estudiantes interrumpieron la sesión extraordinaria del Congreso local.
De acuerdo con el medio Riodoce, la iniciativa la elección, libre, directa y secreta del titular de rectoría, así como la creación de un Tribunal Universitario.
El medio afirma que este mismo jueves el pleno del Congreso decidió abordar la Ley Orgánica de la UAS, luego de que fuera aprobada por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Serapio Vargas, diputado por Morena, solicitó sustituir la primera lectura del dictamen y sugirió mejor que se les hiciera llegar a los legisladores por vía correo electrónico, debido al ruido causado por los manifestantes.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria reportó este martes que detectó 90,000 presos sin sentencia en México, donde alrededor del 50% están sujetos a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios son una “práctica generalizada”.
Esta agrupación entregó su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar el país del 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación del Gobierno.
“El Grupo de Trabajo observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad”, indicó el reporte.
El informe consideró “preocupante” la prisión preventiva oficiosa “excesivamente prolongada”, al detectar a personas que han pasado más de cinco años en la cárcel con esta figura, lo que ha contribuido a una población encarcelada de cerca de 230,000.
También alertó de “la militarización de la seguridad pública” al reportar 100,000 soldados en tareas policiales y de control migratorio.

El Consejo de la Judicatura Federal de México (CJF) aprovechó la polémica generada en el país tras la aprobación de la controvertida reforma judicial en el Congreso, para disminuir la edad de jubilación de jueces y magistrados de ese órgano antes que entren en vigor los nuevos ajustes constitucionales.
La medida, avalada por unanimidad el pasado 11 de septiembre en medio de la turbulencia política y social generada por la reforma, permite a los togados jubilarse 10 años antes de lo establecido, es decir, que ahora podrán recibir su pensión complementaria a los 55 años y no a los 65 como ocurría, explican medios locales.
La autorización del CJF le permite también a jueces y magistrados recibir pensiones vitalicias de ese mismo organismo más la que paga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Para el CJF, la medida «garantiza que las y los juzgadores federales que estén en posibilidad de acceder a una pensión del ISSSTE, también puedan tener acceso a la pensión complementaria y ejercer su derecho a una jubilación digna, acorde a su trayectoria y años de servicio».