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El senador Gerardo Fernández Noroña informó que se alcanzó un acuerdo con la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, para reanudar el diálogo.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado recibió a la titular del Poder judicial en sesión para celebrar el Bicentenario de la Instauración de la Cámara Alta.
El petista Fernández Noroña dio una bienvenida institucional a la ministra. Afirmó que era un honor recibirla en el recinto de Xicontécatl.
Después del evento público se registró una reunión privada a la que asistieron Piña Hernández, Natalia Reyes Heroles (secretaria general de la presidencia de la SCJN); además de Fernández Noroña y dos líderes parlamentarios de Morena, Adán Augusto López e Ignacio Mier.
Fue al terminar el evento que Fernández Noroña dijo que se acordó reanudar el diálogo: incluso “en las condiciones más difíciles mantener el diálogo”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo de Guanajuato en contra de la reforma judicial aprobada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso federal y legislaturas locales.
La controversia constitucional 286/2024 fue admitida el pasado 27 de septiembre, según un acuerdo publicado el viernes.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, en el cargo desde el pasado 26 de septiembre, promovió dicho medio de control constitucional en contra de la reforma que propone, principalmente, que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular.
El asunto fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El pasado jueves, el pleno de la SCJN aprobó un proyecto de ese mismo ministro que da entrada a que el máximo tribunal pueda revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres rechazaron el proyecto al considerar que la Suprema Corte carece de facultades para revisar reformas constitucionales.
Tras la determinación de la Corte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes que el alto tribunal no está facultado por la Carta Magna para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está alistando el plan de su Gobierno para reducir la criminalidad en el país y para frenar el tráfico de drogas, detrás de la mayoría de homicidios, con el ojo puesto en el fentanilo que se produce y transporta hacia el vecino del norte, EU.
Así se desprende de una presentación de su estrategia para pacificar el país, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, que apunta como objetivos fundamentales la reducción de los asesinatos y el control de las grupos criminales organizados vinculados al tráfico de drogas que controlan parte del país.
Según apunta el citado medio, gran parte de los esfuerzos se centrarán en los diez ciudades, concentradas en cinco estados, que registran una mayor tasa de homicidios, entre las que se incluyen Tijuana y Ciudad Juárez, ambas en la frontera con EU; Acapulco; y Colima, en el oeste de México y considerado el municipio más violento del país.
Sheinbaum pretende aumentar la coordinación entre los fiscales federales y estatales y las fuerzas de seguridad, para luchar sobre todo contra los cárteles de la droga, a quienes sus predecesores no consiguieron poner freno. El objetivo de la presidenta es conseguir repetir el logro de su mandato como jefa de Gobierno en Ciudad de México (2018-2023), cuando el número de homicidios se redujo a la mitad. Para ello cuenta con el que fuera su jefe de seguridad, Omar García Harfuch, ahora como secretario de Seguridad.