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La Fiscalía General de la República (FGR) reveló una serie de avances en la investigación relacionada con lo que afirman fue el “secuestro” del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y la desaparición forzada de varias personas más.
A través de un comunicado, la FGR reportó que en una finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, se hallaron rastros de sangre que, tras ser analizados por peritos federales, corresponden a Cuén Ojeda.
Estos indicios refuerzan la hipótesis de la FGR sobre la participación de Cuén en una reunión celebrada el 25 de julio con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, en el mismo lugar donde posteriormente fue asesinado.
Las pruebas señalan que la muerte de Cuén ocurrió horas antes de la difusión de un video en una gasolinera, el cual ya ha sido desestimado por las autoridades federales.
Durante la operación conjunta, que incluyó el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y agentes de la FGR, también se encontraron rastros de sangre en la batea de un vehículo.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció agresiones y amenazas de desalojo en algunos de sus territorios en Chiapas, por parte de los cárteles que se disputan la zona.
«Hay presiones del llamado crimen organizado para que sean desalojados nuestras compañeras y compañeros», afirmó el EZLN en un comunicado, en el que también responsabilizó a los gobiernos municipal y estatal.
El conflicto estalló cuando representantes de un poblado llamado Palestina, una localidad ubicada en el municipio de Ocosingo, llegaron a 6 de Octubre, una zona zapatista, y advirtieron que desalojarían a mujeres, ancianos, niños y hombres que viven ahí desde hace más de 30 años.
«El poblado 6 de Octubre había convivido en paz y armonía con las poblaciones de los alrededores, sin que hubiera roces o problemas», aseguró el EZLN.
También explicó que el Gobierno de 6 de Octubre y la asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas han insistido en el diálogo y el acuerdo con las autoridades comunales de Palestina.

Desde el 13 de agosto, al menos 242 habitantes de la localidad de Coire, en el municipio de Aquila, Michoacán, fueron desplazados forzadamente hacia municipios como Coahuayana y Aquila, debido a la violencia armada que los obligó a abandonar sus hogares y por lo que ahora solicitan ayuda humanitaria para sobrevivir.
Evangelina Contreras, representante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) y que también es desplazada, dijo a ‘Aristegui Noticias’ que junto con otras activistas llevan a cabo acopio de alimentos para estas familias desde hace dos meses, pero es insuficiente.
“Las balaceras y el crimen organizado queman sus casas, los dejan sin nada, y tienen que salir huyendo“, explicó la mujer a quien le desaparecieron a su hija Tania Contreras Ceja, el 11 de julio de 2012.
Explicó que muchas de las personas desplazadas tienen problemas para mantener su refugio porque no hay trabajo, no pueden mantener el pago de viviendas, de las que les piden desde los mil hasta los 4 mil pesos, y algunas perdieron sus documentos oficiales, complicando más su situación.