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La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ofreció este jueves un millón 500 mil pesos de recompensa a quien brinde información para la detención de tres mujeres vinculadas con el Cártel del Tláhuac. En conferencia, el encargado de la fiscalía, Ulises Lara López, detalló que las mujeres generadoras de violencia en la ciudad son María de los Ángeles Ramírez Arvizu, Liliana Pérez Ramírez, alias “La Voz” y Samantha Pérez Ramírez, “Sam”. “Por cada una de las tres mujeres, el monto de recompensa será de 500 mil pesos a quien o quienes proporcionan información veraz y útil que coadyuve a su localización, detención o aprehensión, se le entregará”, precisó Lara López. De acuerdo con las autoridades, María de los Ángeles Ramírez Arvizu presuntamente es la líder del Cártel de Tláhuac, después de la muerte de Felipe “N”, alias “El Ojos”, cuenta con una orden de aprehensión y se le vincula con el delito de asociación delictuosa. El encargado de la fiscalía indicó que Liliana Pérez Ramírez es identificada como la hija de “El Ojos” y posiblemente es encargada de la venta y distribución de drogas en Tláhuac bajo el mando de su madre.

La Organización Pena Sin Culpa aclaró que una eventual anulación de la prisión preventiva oficiosa no implicaría una liberación masiva de personas, como se afirmó este martes la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización de abogados señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará en las siguientes sesiones el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es obligatoria e inapelable. El cumplimiento de sentencia cayó en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propone que la medida de prisión preventiva oficiosa se justifique en cada caso, sin aplicarse de manera automática. La organización explica que “esto de ninguna forma implica una liberación o exoneración masiva -como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy la Secretaria de Gobernación”. En todo caso, las personas sometidas a prisión con esta medida enfrentarían una nueva audiencia para determinar si es razonable que sigan en proceso sin su libertad.

Jueces y magistrados expresaron apoyo a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, después de que su antecesor, Arturo Zaldívar, presentó una serie de denuncias y una solicitud de juicio político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) afirmó que la ministra tenía la obligación de activar la investigación contra el equipo de Zaldívar, para “cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”. La organización no fija postura sobre la presunta red que operó Zaldívar para presionar a jueces, pero sostiene que hay un aumento ‘exponencial’ en las quejas contra juzgadores por resolver asuntos contra autoridades federales. De hecho, en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de personas juzgadoras, por resolver en favor de los Derechos Humanos y en contra de las autoridades federales, se ha incrementado exponencialmente y además mediatizado a tal grado que han puesto en riesgo su integridad y la de sus familias. La JUFED dijo que la apertura de la investigación al equipo de Zaldívar no se debe interpretar como una estrategia electoral o contra alguna candidata.

Un total de 273 candidatos y candidatas han solicitado medidas de protección en el actual periodo electoral, informó la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. Del total, en 250 se brindó seguridad, mientras que en 23 casos, los peticionarios declinaron las medidas, informó la secretaria este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Al momento, no tenemos ninguna en análisis de riesgo”, declaró la titular de la SSPC, según los datos al corte del 15 de abril. No obstante, en el actual proceso electoral, que comenzó el pasado 1 de octubre, se ha registrado el homicidio de 5 precandidatos, que ya contaban con registro oficial ante sus partidos, y el fallecimiento de una aspirante. Además, se presentaron 9 asesinatos de personas aspirantes, quienes aún no contaban con un registro oficial ante sus partidos políticos o antes las instituciones electorales, pero habían sido mencionadas para algún cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir.