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Familiares de una comandante de la policía municipal de Tarimoro, en Guanajuato, fueron asesinados en su domicilio, reportaron medios locales de ese estado. De acuerdo con reportes periodísticos, alrededor de las 06:00 horas de este martes un reporte al 911 alertó a autoridades sobre detonaciones de armas de fuego en la calle San Gabriel esquina con San Pedro, en la colonia San Isidro de esa localidad. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad se trasladaron al lugar e ingresaron a una vivienda en la que encontraron a 2 hombres, una mujer y una bebé asesinadas. Autoridades presumen que los agresores ingresaron a la casa por la fuerza y dispararon en contra de las víctimas, quienes eran parientes directos de un mando policiaco de Tarimoro. Entre las personas asesinadas presuntamente están el padre de la agente, su hermano, su cuñada y su sobrina de tan sólo siete meses de edad.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó como arbitraria y violatoria de Derechos Humanos a la prisión preventiva oficiosa, la cual se discutirá este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los argumentos de la organización de las Naciones Unidas en contra de la prisión preventiva oficiosa, se encuentra la violación del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal. Aclaró que la medida “per se no es violatoria”. Sin embargo, debe ser excepcional, y no la regla, así como estar motivada por las circunstancias del caso concreto. En los casos donde no se aplica de esta forma, explicó, se viola el principio de presunción inocencia, derecho que dicta que toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en libertad. Igualmente, señaló que, para que no sea arbitraria, debe estar justificada con un fin legítimo de carácter procesal. Por lo tanto, se debe acreditar que existe el riesgo de obstaculización de las investigaciones o elusión de la justicia, así como una posible vulneración a la integridad de víctimas y testigos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, enviaría tanques de guerra M113 a distintos puntos de la frontera con México luego de que activara las cláusulas de invasión de la Constitución de Estados Unidos, con el objetivo de detener el flujo migratorio. Documentos obtenidos por Army Times y The Texas Tribune afirman que este envío de 10 vehículos militares es para salvaguardar la frontera y para hacer retroceder a los migrantes que intentan cruzar ilegalmente. Esto en posible respuesta a una carta que envió el gobernador de Texas el 16 de noviembre al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y al Departamento Militar de Texas (TMD) en la que les pidió redoblar esfuerzos para combatir la migración y el contrabando de fentanilo, que asegura es lo que está matando a “hombres, mujeres y niños de la nación”.

Migrantes, en su mayoría de origen venezolano, cruzaron desde hace días la frontera mexicana hasta llegar a la Ciudad de El Paso, en Texas, al sur de Estados Unidos. Esta decisión la tomaron por el fallo judicial que pone fin al Título 42, la medida aprobada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para retornar a México a los solicitantes de asilo de forma inmediata, escudándose en la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el magistrado, que promovió dar fin a este decreto, aceptó la petición del Gobierno estadounidense de aplazar esta propuesta cinco semanas, hasta el 21 de diciembre, para que las autoridades migratorias puedan preparar la transición. El Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que “la gente no debería escuchar las mentiras de los traficantes que se aprovechan de los migrantes vulnerables, poniendo sus vidas en riesgo. La frontera está cerrada y seguiremos implementando nuestras leyes migratorias en la frontera“.

Un comando armado atacó este domingo las instalaciones de la Policía Municipal del municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, consignan medios locales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad (SSCC), varios desconocidos que se movilizaban en dos camionetas dispararon a la comandancia, en la comunidad de San Juan de Vega. Mientras intentaban repelar la agresión, los policías reportaron los hechos a la SSCC en busca de apoyo. Aunque la incursión armada fue repelida con éxito y dos de los presuntos criminales fueron abatidos, el resto huyó del lugar. Tras el llamado de alerta se inició un operativo conjunto entre las policías Estatal y Ministerial, el Ejército y la Guardia Nacional. Los delincuentes que se dieron a la fuga fueron localizados en una zona de la comunidad de San Isidro de la Concepción, donde tuvo lugar un segundo intercambio de disparos que culminó con la neutralización de varios de los atacantes.