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Un juez de Distrito se negó a resolver la demanda de amparo que promovió Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual ha pausado el juicio oral en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, relacionados con el caso Odebrecht. El pasado 13 de marzo, la defensa de Lozoya promovió un amparo para que no se reconozca la personalidad jurídica de Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctimas en el caso, luego que de que en la audiencia intermedia ambos organismos se negaron a llegar a un acuerdo reparatorio. Ese día, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, confirmó a Latinus que la demanda de amparo tiene el objetivo de que se determine a qué institución —descartando a Pemex y a la UIF— se le debe reparar el daño y, con ello, suspender el juicio penal de su cliente. “Se presentó la demanda de amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño, pues lo que queremos es pagar ya. Como consecuencia de ello, queda sin efecto el auto de apertura a juicio”, explicó.

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado hoy en una corte de Texas a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en los Estados Unidos. Tomás Yarrington Ruvalcaba, de 66 años, se declaró culpable de los delitos el 25 de marzo de 2021, pero al no ser un ciudadano estadounidense, se prevé que enfrente un proceso de deportación tras su encarcelamiento. Además, como parte de su sentencia, se confiscó un condominio a Yarrington en Port Isabel. “Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que, como funcionario electo, Yarrington violó su juramento al cargo, debilitando a México como país y promoviendo la actividad delictiva”, se lee en un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Aunque seas gobernador de un estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando utilices tu cargo para llenarte los bolsillos indebidamente y violar las leyes de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que los jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ejecutados por militares el pasado 26 de febrero. Destacó que los cinco hombres no estaban armados por lo que no hubo un enfrentamiento con los elementos castrenses. “Tenemos que esperar a la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados. “Esperemos a que venga la conclusión de la investigación de la CNDH para dar cuenta de qué pasó, pero evidentemente hay elemento para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”. Luego de presentar la iniciativa para crear la ley de memoria ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Encinas Rodríguez indicó que si bien, los elementos castrenses tienen derechos, “quien infringe la ley y comete un delito, debe cumplir con su responsabilidad”.

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron un cargamento de 354.000 pastillas y 2,7 kilos de aparente fentanilo en el estado de Sinaloa, que presuntamente iba a ser llevado a EU. Los hechos ocurrieron el lunes de las 11:00 de la mañana en un tramo de la carretera que va de la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, a la metrópoli de Navojoa, en el estado de Sonora. Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), el opioide sintético era transportado en compartimientos secretos de un automóvil compacto de color negro, en el que viajaban una mujer y dos hombres, quienes fueron arrestados. La sustancia decomisada y los sujetos aprehendidos fueron puestos a la disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.