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El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por dar «manga ancha» a los jueces, facilitando así que ordenen la liberación de violadores y narcotraficantes. «Sale un violador, un narcotraficante y dicen: ‘fue el gobierno’. No, no. Es un juez que pertenece al Poder Judicial, y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue: ‘los jueces son autónomos’; entonces, los empoderó con ese argumento», expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este jueves. En su intervención añadió: «Sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley, pero fue darles manga ancha». Además, López Obrador manifestó que «no es bueno el ejemplo» que está dando la Suprema Corte al mantener en su cargo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a Sonia Vargas Terrero, pese a ser investigada por las autoridades en el caso de desvíos recursos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien un tribunal de EU ya declaró culpable de crimen organizado.

Organizaciones civiles y ciudadanos interpondrán amparos para detener los efectos del segundo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que establece como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, además de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. En entrevista con Latinus, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís, adelantó que presentará amparos al considerar que el decreto presidencial es inconstitucional y viola tratados internacionales de los que México es parte, como el Acuerdo de Escazú. “Ante el nuevo decreto que publicó el presidente de la República habría que analizar si estamos en presencia de un desacato o no. En segundo lugar, se puede interponer un amparo por inconstitucionalidad por ir en contra de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación horas antes del segundo decreto”, dijo. Destacó que los decretos no pueden contradecir lo establecido por la Constitución ni de las leyes que protegen el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información y la participación de la sociedad en la toma de las decisiones ambientales.