Nacional

Veracruz se ha convertido en un estado disfuncional donde la narcoviolencia, la impunidad, el abuso de poder, el nepotismo, la corrupción, la persecución a los opositores del gobierno morenista y el débil estado de Derecho mantienen en jaque a los veracruzanos. El discurso oficial del gobierno de Veracruz de que en tres años acabaría con la grave inseguridad pública que ha ensombrecido a la mayoría de los 212 municipios del Estado, ha desnudado la incapacidad, ineficiencia, corrupción y oídos sordos del titular del Poder Ejecutivo. Las organizaciones no gubernamentales del país -las que no tolera el gobierno morenista de AMLO-, encabezadas por Artículo 19 y Causa Común, denuncian que Veracruz cayó en el tobogán social como la mayoría de los estados de la república agobiados por gobernadores “ineptos” y por una “fallida” estrategia anticrimen. Expertos en seguridad nacional advierten que, ante el fracaso de la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de AMLO optó por expiar sus culpas echándole la “culpa a los gobiernos que los antecedieron”, al igual asumieron la misma postura los gobernadores morenistas.

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud, posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se trata de Humberto “A” y Jesús “B”, que fueron detenidos el miércoles 2 de agosto en un operativo federal. Humberto Arredondo Soto es identificado como líder de una sección del Cártel de Sinaloa, operador del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene cargos pendientes por usar comunicaciones electrónicas para una transacción de drogas, posesión de drogas peligrosas y posesión de drogas para la venta, transporte de drogas y posesión de estupefacientes. El 2 de agosto pasado, elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron orden de cateo en un inmueble en Guadalupe Victoria, Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este domingo que implementó un operativo para localizar a cinco jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el pasado viernes por la noche en el municipio de Lagos de Moreno. Las autoridades del estado detallaron que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas es la encargada de llevar a cabo el operativo. Los jóvenes son identificados como Roberto Olmeda Cuéllar, Uriel Galván, Diego Lara Santoyo, Dante Hernández y Jaime Adolfo Martínez. Por su parte, el alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, detalló que en la mañana de este domingo se comunicó con Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, para acelerar los trabajos para encontrar a los jóvenes. “Personal de fiscalía está revisando las cámaras de la ciudad (…) para que aporten mayor información”, indicó el alcalde en un mensaje en Facebook.

El gobierno mexicano dará una indemnización de 3.5 millones de pesos a cada una de las familias de personas fallecidas en el incendio que se registró en la estación migratoria de Ciudad Juárez, tragedia que dejó un total de 40 migrantes fallecidas. El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que solicitó una partida especial de 140 millones de pesos para realizar esta reparación del daño y ahora está en proceso de pagar a los beneficiarios. En un comunicado, INM detalló las acciones que ha tomado para investigar los hechos, por los cuales está vinculado a proceso el titular de la dependencia, Francisco Garduño. Según la versión del gobierno mexicano, la tragedia se generó por el fuego que fue provocado por “dos personas de origen venezolano, así como la pérdida de las llaves del área de alojamiento para hombres”. Migración informó que se ha hecho cargo de la atención médica de 27 heridos, incluyendo medidas de manutención y viajes para que estén acompañados de sus familiares.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, instó a no relacionar al Poder Judicial con un sólo nombre o apellido. En un encuentro desde Mérida, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recordó que el Poder Judicial está integrado por los consejeros, algunos magistrados y jueces, además de los ministros. “Un poder del Estado no tiene nombre ni apellido. El Poder Judicial Federal somos todos y ninguno en particular. Nuestra institución trascenderá a nuestros cargos actuales, a las personas que actualmente lo conformamos”, declaró en su reunión con integrantes del Decimocuarto Circuito Judicial Federal, en Mérida, Yucatán. Norma Piña llamó a que los integrantes del Poder Judicial de la Federación resuelvan los conflictos considerando los derechos humanos. “En México y en muchas partes del mundo, los integrantes de los poderes judiciales enfrentamos desafíos definitorios (…) fundamentalmente para garantizar que los conflictos sociales se resuelvan por los principios que guían la razón y los derechos humanos. Nunca por la fuerza o por la discordia dirigida”, añadió

Tres personas, dos de ellas servidoras públicas y un extrabajador de Morena, fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ocultamiento a proporcionar información, con relación al caso de dos marinos asignados como escoltas del senador José Narro Céspedes y, de un civil, ligado con el Cártel del Golfo. Dos de los procesados son servidores públicos: Édgar Peralta Ledezma, analista de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Érika Beatriz Ruiz Carballo, jefa de unidad departamental de publicaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. El tercer procesado es Martín Pastor Martínez, quien prestó sus servicios por honorarios al partido Morena como auxiliar en actividades políticas en 2022, de acuerdo con información de su contrato del cual Latinus tiene copia. El caso se refiere a los marinos Victoriano Rodríguez Zurita y Óscar Manuel González Andrade, quienes fueron encomendados, en marzo del año pasado, por la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, para que escoltaran al senador morenista José Narro Céspedes, en un evento en la Ciudad de México.