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A poco más de dos meses que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tome posesión, el país navega por una crisis de gobernabilidad y, según expertos, la incertidumbre será una constante mientras que el Ministerio Público (Fiscalía), mantenga sus intentos por revertir los resultados de los votaciones. Durante octubre, la indignación y rechazo de los guatemaltecos contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, tocó su punto más alto con el bloqueo de más de 100 carreteras en todo el territorio, además de masivas manifestaciones para exigir su dimisión por intervenir en el proceso electoral. ‘La fiscal Porras se está jugando su futuro porque ha cometido delitos graves, incluyendo actos violatorios a la constitución, y sabe que si no logra sus objetivos, terminará en la cárcel’, explica a EFE el politólogo Ricardo Saénz de Tejada. En opinión del experto, Guatemala está sumergida en una ‘incertidumbre’ porque quienes pretenden descarrilar los resultados electorales ‘están midiendo si tienen condiciones para imponerse y si se alineen diversos actores, incluido el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, así como la capacidad de reprimir a los manifestantes’.

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 13 de 14 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos y que serán enviados a la Tesorería de la Federación. La reforma se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tras más de ocho horas de sesión, el dictamen fue aprobado en lo particular por 67 votos a favor de la mayoría de Morena y aliados, y 49 en contra de los partidos opositores. Previamente fue aprobada en lo general por 68 votos a favor y 48 en contra. El dictamen añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos. Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. La reforma legal implica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. El decreto dispone que en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, se suscriban los convenios de extinción o terminación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería una “falta de respeto” que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dialogue con senadores de la República sobre la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). “Yo pienso que no hace falta y que es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. En cambio, AMLO propuso que en su lugar se convoque a una conferencia de prensa para exponer los argumentos del PJF. El mandatario también sostuvo que los ministros deberían “explicar” sus salarios, los cuales considera altos. Asimismo, dijo que los fideicomisos “no están contemplados en la ley”. Así se refirió el presidente a la posibilidad de que Norma Piña acudiera al Senado a dialogar sobre la desaparición de los fideicomisos. El lunes, la ministra presidenta aceptó acudir a un encuentro con los legisladores. Esto después de que los senadores Alejandro Rojas Díaz Durán (Morena), Julen Rementeria (PAN) y Manuel Añorve (PRI) le enviaran invitaciones individuales para llevar a cabo dicho diálogo.