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En el recinto legislativo de San Lázaro sigue la desbandada de diputados que aspiran a otros cargos de elección popular, cuando está por comenzar la discusión de las 20 reformas del Ejecutivo federal. Este jueves, cuatro legisladores —de Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)— cerraron la tercera ronda de peticiones de licencia, que comenzaron el 19 de diciembre de 2023. Las solicitudes aprobadas por el pleno coincidieron con el turno a comisiones de las 20 iniciativas de reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado; 18 de las reformas se enviaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el morenista Juan Ramiro Robledo. Entre los que hoy formalizaron que dejarán su curul están Héctor Ireneo Mares Cossío, diputado de Morena por Baja California, quien ha ventilado sus aspiraciones a la alcaldía de Tijuana, un escaño en el Senado, además de la reelección.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) advirtió que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer órganos autónomos como el IFT significa un retroceso en perjuicio de usuarios y audiencias. En un posicionamiento público, consideró que transferir sus atribuciones por completo al Ejecutivo federal, como pretenden las reformas constitucionales presentadas este lunes por el presidente, implicaría volver a un modelo que demostró tener “serias limitaciones”. Aseguró que se pondría en riesgo la capacidad de lograr la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica y asegurar igualdad de condiciones para que más mexicanos accedan a servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad. Además, de contar con más estaciones de radio y televisión, donde, dijo, “puedan expresarse mayor diversidad de voces y opiniones”. El Instituto señaló ser respetuoso de la división de poderes y aceptó ser un órgano autónomo de servicio público, abierto y transparente, así como sujeto al escrutinio y evaluación públicos.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este miércoles en Washington una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la que acusan que el gobierno federal no cumple con su obligación de proteger los derechos humanos de los mexicanos. En un video en las redes sociales del PAN, el secretario nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omar Miranda, en compañía con el diputado panista Raúl Torres y del secretario de Acción Migrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Oswaldo Contreras, mostraron el documento en el que piden a la CIDH pronunciarse sobre la crisis de violencia que se vive nuestro país y que vulnera los derechos humanos. “Presentamos esta denuncia para que la CIDH determiné la responsabilidad del gobierno de Morena ante la grave crisis de los derechos humanos, es un tema que ha venido a desvelarse mundialmente“, indicó Omar Miranda. Explicó que de acuerdo con informes de la propia CIDH la inseguridad en México va en aumento y afirmó que el país se encuentra en “un abismo en el tema de los derechos humanos”.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó este miércoles que hay “errores de primaria, engaños y ausencia de soporte constitucional” en las iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. “Resulta que las dos reformas constitucionales, (al Poder Judicial y la electoral) no les pusieron impacto presupuestal, sólo agregaron dos oficios que tienen errores, que se refieren a artículos que no existen o transcriben artículos que se refieren a otra ley”, destacó. “En términos claros, no incluyeron impacto presupuestal; los mediocres oficios se refieren a un artículo inexistente y a otro sin relación al tema (…) y el impacto de presupuesto llegó días después”, agregó Moreira Valdez en su cuenta de X, antes Twitter. Enfatizó que antes de adelantar cuáles iniciativas apoyará el PRI, debe haber correcciones, porque “lo que se puso en blanco y negro tiene muchos errores de formalidad y de soporte constitucional”.

El gremio de jueces y magistrados rechazó la propuesta de reforma al Poder Judicial expuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó que “jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo”. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) afirmó que la propuesta desnaturaliza el proceso de designación de juzgadores, lo que “implica una absoluta injerencia en la independencia judicial y propicia la afectación de los derechos humanos de los mexicanos”. El gremio judicial afirma que la reforma es contraria al principio de división de poderes. La reforma propuesta por el Ejecutivo es contraria a las convenciones y tratados internacionales que México ha firmado para fortalecer la independencia judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras como una garantía de esa independencia y para preservarlos de presiones indebidas. La asociación sostiene que la elección de personas juzgadoras mediante un sistema de votación popular socava el principio de carrera judicial previsto constitucionalmente, al permitir que factores no relacionados con la capacidad y experiencia legal influyan en la selección de candidatos, lo cual genera que se comprometa la calidad de las decisiones judiciales y debilita la confianza en el sistema de justicia.