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Indígenas del poblado purépecha de Arantepacua protagonizaron una serie de disturbios en Morelia, en protesta por una fallida intervención policial que en 2017 dejó el asesinato de cuatro comuneros. Los purépechas, apoyados por estudiantes normalistas y docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), alrededor de las 11:00 de la mañana de este viernes iniciaron su jornada de protesta a las afueras de la Casa Michoacán, la residencia oficial del gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla. Los inconformes realizaron pintas y detonaron cohetes contra el inmueble gubernamental, ubicado en el Periférico Paseo de la Independencia, en el sur de Morelia, donde incendiaron una motopatrulla y un camión de la empresa Epura, además de atacar con palos un vehículo particular, cuyo conductor reclamó el accionar de los indígenas. El contingente avanzó por el Periférico y tomó la Calzada Juárez, donde prendió fuego a una camioneta de la empresa de paquetería Fedex e irrumpió en las instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) del gobierno de Michoacán, donde una camioneta oficial y otra de una carpintería fueron vandalizadas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio entrada a la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Morelos por la detención realizada el pasado 4 de agosto por la fiscalía de la Ciudad de México en territorio morelense del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara. En los argumentos del Congreso local destacan dos: el hecho de que el fiscal de Morelos cuenta con fuero constitucional y, por otro lado, se esgrime el hecho de que se considera quebrantada la soberanía de Morelos en la intervención de elementos de la fiscalía de la capital del país, encabezada en ese momento por Ernestina Godoy, quien ahora busca un escaño en el Senado. Este jueves por la noche, justo ocho meses después de la detención de Carmona, la Primera Sala de la SCJN admitió la controversia constitucional luego de que se consideró fundada y abrirá la puerta para analizar la posible violación de la soberanía de Morelos, lo que en caso de ser resuelto así, tendría efectos directos sobre los procesos penales a los que el fiscal está vinculado, particularmente los tres que se relacionan con el feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre de 2022.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebraron que, por primera vez, una ley estatal reconoce el derecho de los desaparecidos “a ser identificados” en México. Los organismos consideraron que la nueva Ley sobre desaparición y búsqueda de personas para Baja California representa un “importante avance” para la protección jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares. “El CICR y la ONU-DH subrayan como un logro que la ley de Baja California sea la primera a nivel estatal en incluir un capítulo específico sobre identificación humana, que reconoce el derecho de toda persona a ser identificada y establece la obligación de las autoridades de colaborar” en la identificación”, expresaron en un comunicado. México padece un fenómeno histórico de desapariciones con más de 115 mil personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).