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Atadas de pies y manos y un mensaje halla la policía local los cuerpos de dos mujeres al interior de la plataforma 767 de Pemex, ubicado en el Lindero de esta localidad. Los cuerpos vestidos con ropa deportiva, que según la policía, podrían corresponder al de las dos mujeres secuestradas la mañana de este miércoles en un gimnasio en Tihuatlán, al norte de Veracruz. Por un aviso anónimo, las autoridades policiales hallaron los dos cuerpos femeninos la tarde de este miércoles en el predio de este municipio poblano, los cuales serán corroborados sus identidades con la fiscalía general de Veracruz. Según los datos policiales, los cuerpos podrían corresponder a la doctora Ruth Alamilla Olguín y su hija, plagiadas por sicarios esbozados en dos camionetas en el municipio de Tihuatlán. El mensaje, dejado a un lado de los cuerpos con un tiro de gracia, fue dirigido a uno de los cárteles del crimen organizado.

La suspensión provisional que le había sido otorgado a la jueza veracruzana Angélica Sánchez, —señalada por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias—, no tenía efectos sobre la orden de aprehensión cumplimentada, por tanto, no la protegía, resolvió Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Décimo Quinto Distrito de Veracruz. La respuesta del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, no se hizo esperar y publicó a través de sus redes sociales que tras la revisión del amparo 540/2023, se caen los “argumentos y mentiras” de “los que intentaron defender mediáticamente a quien en su momento liberó a un potencial criminal”. También salió en defensa de la fiscalía del estado, que encabeza Verónica Hernández Giadans, tras sostener que con la resolución del juez “hay evidencia de que trabaja apegada a la ley, sin vendettas” e, incluso, aludió a las declaraciones de Margaret Satterthwaite, relatora de oficina de la ONU, en una carta enviada al Estado mexicano donde señaló que en Veracruz se violan derechos humanos. En sus redes sociales, el gobernador explicó que el Juzgado Décimo Quinto resolvió que no existió violación contra la jueza, tras resolver el amparo 540/2023. “Se otorga la razón jurídica a la FGE en la correcta aplicación de la orden de aprehensión ejecutada contra la jueza (no olvidar que ella intentó liberar a un narcotraficante)”, señaló en su publicación.

Cuatro muertos y un herido dejó este viernes un ataque armado en un bar de Veracruz, que sufre una escalada de violencia relacionada con la operación de bandas del crimen organizado. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en el municipio Tlapacoyan, según reportaron fuentes policiales. Dos hombres armados ingresaron al llamado Bar Garibaldi, donde dispararon a los clientes y empleados para luego fugarse. Dos mujeres y un hombre murieron en el sitio y una cuarta víctima falleció en un hospital de la localidad. El ataque también dejó un herido que se reporta como grave. Un despliegue de fuerzas estatales y federales ocurrió posteriormente en el lugar del crimen, sin que lograran la detención de los delincuentes. Veracruz ha sufrido un aumento de hechos delictivos de alto impacto debido a la operación de cárteles de la droga que se disputan el control territorial para el trasiego y venta de drogas, secuestros y extorsiones.

Abogados veracruzanos hicieron un llamado al presidente AMLO y a los representantes de los tres poderes de Veracruz “abstenerse de atacar, amenazar, amedrentar y exhibir” a los integrantes del Poder Judicial Federal. Explicaron que jueces, magistrados y ministros “cumplen cabalmente con sus funciones de dar solución legal a los conflictos con indefectible técnica jurídica, protegiendo los derechos humanos y preservando el Estado de Derecho, la división de poderes y la democracia”. En una carta abierta, dirigida a la opinión pública, letrados de trece organismos civiles de diferentes zonas del Estado, alertaron la forma “insidiosa en la que también el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, denuestan al Poder Judicial de la Federación”. “Percibimos que muchos jueces veracruzanos del fuero común resuelven por consigna con criterios políticos, porque temen ser sometidos a procesos penales injustos, como el caso de la jueza Angélica Hernández, y de otros juzgadores que han sufrido severas represalias”, denunciaron.