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La tercera es la vencida. José Francisco Yunes Zorrilla, perdedor en dos elecciones para senador y gobernador, solicitó su prerregistro a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI como precandidato a la diputación federal por el distrito 9 de Coatepec. Zorrilla, nativo de Perote, quien ya ocupó los escaños como diputado federal, local y senador, alcalde de Perote y fungió como dirigente estatal del PRI, viene de perdedor las elecciones de 2018 como candidato a la gubernatura de Veracruz, envió un mensaje un mensaje a sus fieles partidarios. Se comprometió recorrer el distrito de Coatepec con convicción y orgullo, bajo la tutoría de lo que representa el PRI para el país y Veracruz. “Ganarle a uno de los principales males públicos de la sociedad: la impunidad, la cual en Veracruz se refleja en los feminicidios, junto con la corrupción”.

En un audio que circula profusamente en redes sociales de Javier Duarte, se escucha al presidiario dando instrucciones electorales a un operador político no identificado en Veracruz. Duarte habla de la operación a favor de Morena (guinda) y PVEM en algunos distritos como Cosamaloapan, en donde perfilan como probable candidato a Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán y mentor de Duarte de Ochoa. Llama la atención de manera particular cuando Javier Duarte se refiere a Jamapa y Medellín, en donde también pide a su interlocutor que haga lo necesario para que PVEM y Morena tengan resultados favorables en la próxima elección.

La diputada del partido en el poder, Morena, Deisy Juan Antonio presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual garantiza que el gasto destinado para este fin cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como con respeto a los topes presupuestales. De acuerdo con el boletín de prensa, la legisladora expuso que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.