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A un mes de la inundación del 7 de septiembre en Tula, Hidalgo, miles de damnificados no han recibido apoyos del gobierno para rehacer sus vidas y reconstruir sus negocios. Las despensas, la comida y hasta la maquinaria para remover lodo y escombros han llegado de particulares, no del gobierno, aseguran los afectados. Incluso, estas donaciones de ciudadanos no son suficientes. Lo único que han realizado los tres niveles de gobierno es realizar un censo cada uno, por separado. El Ayuntamiento de Tula, por ejemplo, pidió a los damnificados acudir a la presidencia municipal y entregó un simple papel, sin sellos ni marcas que lo validen como documento oficial. Mientras que los servidores de la nación enviados por la Secretaría del Bienestar reconocen que solo levantan el censo pero eso no es un compromiso para entregar un apoyo.

El gobierno de México envió una carta oficial al Estado de Israel en la que solicitó la extradición de un exfuncionario que se encuentra prófugo de la justicia y se refugió en el país judío, informó anoche la agencia de noticias Reuters. Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminales, al cual se le acusa de tortura y obstaculizar investigaciones en el proceso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zerón permanece en Israel desde el año pasado según indicó un funcionario mexicano. Las autoridades de ese país y familiares de los desaparecidos lo acusaron de haber implantado pruebas para direccionar la causa en favor de la anterior administración. Los jóvenes desaparecieron el 26 de setiembre de 2016.