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Un ciudadano estadounidense fue detenido en Atlacomulco, Estado de México,  luego de que se recibiera una llamada al 911 por parte de vecinos que reportaron la presencia de un hombre armado en la colonia Las Fuentes.

El sujeto portaba una credencial de la CIA, armas de alto poder y equipo táctico.

Tras la llamada al 911, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción, y de la Policía Municipal se dirigieron al lugar.
Ahí, los agentes observaron a un hombre en el balcón de un departamento, vestido con casco y chaleco táctico de color verde, con lo que parecía ser un arma larga colgada y un cuchillo en mano.

Los elementos policiacos entraron al inmueble, lo desarmaron y lo detuvieron. Los efectivos notaron que el sujeto tenía una herida en la mano derecha, por lo que requirieron asistencia médica y fue trasladado a un hospital local.

Portaba Identificaciones de la CIA

“El extranjero que responde al nombre de James portaba una placa y credencial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)”, informó la SSEM.

Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos, golpeaba a miembros del Cártel de Sinaloa, según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) revelada este viernes por el medio Reforma.

Según la información obtenida por el rotativo mexicano, Chávez Jr. es descrito como un “esbirro” de Néstor Ernesto Pérez Salas, ‘el Nini’, uno de los capos del cartel.

Al parece, ‘el Nini’ ordenaba al hijo de Julio César Chávez, leyenda del pugilismo mexicano, golpear como costales de boxeo a sus subordinados que incurrían en fallas que pudieran ponerlos en evidencia.
La acusación de la FGR se basa en dos llamadas telefónicas de presuntos narcotraficantes, así como registros migratorios compartidos por Estados Unidos y tras la detención que le hicieron por conducir bajo los efectos del alcohol.

El 21 de noviembre de 2019 el agregado adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos presentó una denuncia ante la FGR por tráfico de armas.

El colectivo de familiares de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco informó que el pasado 3 de julio localizó un presunto crematorio clandestino en una finca abandonada en Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Durante una jornada de rastreo documentada en sus redes sociales, las integrantes del colectivo mostraron en transmisiones en vivo los hallazgos de fragmentos óseos calcinados, tierra removida y estructuras metálicas tipo parrilla, aparentemente utilizadas para la quema de cuerpos.

Según narraron, el hallazgo ocurrió luego de inspeccionar una zona conocida como Las Agujas, donde inicialmente buscaban una posible fosa, y luego de recibir una denuncia anónima, se dirigieron a otro punto en la misma localidad.
Allí, observaron “cal esparcida, una estructura tipo parrilla, tierra removida y restos óseos”, entre los que identificaron posibles “molares, pedazos de cráneo, costillas y rótulas”, según narran en las transmisiones.

Colocamos los fragmentos sobre tablas para cernirlos y reconocer si eran restos humanos.

A pesar de las evidencias, señalaron que “esperan a que la Fiscalía del Estado de Jalisco acudan al sitio para iniciar las investigaciones formales”.

Tras el hallazgo de 383 cuerpos en condiciones insalubres y apilados en un crematorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó las autoridades locales a realizar una investigación eficaz. 

Además, pidió respetar los derechos de las personas fallecidas, “conforme a los estándares del informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU que podría aplicarse para el caso mexicano.

El documento, presentado en el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, urge a los Estados a garantizar el respeto, la protección y la dignidad de las personas fallecidas, incluso en contextos de violencia, desaparición o colapso institucional.

“Se recomienda que se elaboren unos principios rectores basados en los derechos humanos para la protección de los muertos“, señaló Morris Tidball-Binz, autor del informe y relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El informe fue distribuido por la Asamblea General el 25 de abril de 2024, apunta que, desde una perspectiva de derechos humanos, es obligación de los Estados proteger a los muertos y garantizar su trato digno.