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El morenista Gerardo Fernández Noroña rechazó la propuesta de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para restringir la militancia en ese instituto a políticos de otros partidos como el PAN y el PRI.

En una conferencia de prensa, el también presidente del Senado consideró que sólo se debe restringir la militancia a quienes tengan sentencia firme por corrupción o delitos de represión social. 

Puso de ejemplo el caso del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien decidió incorporarse a la bancada de Morena, justo cuando a ese partido le faltaba un voto para aprobar la reforma judicial el año pasado. 

“Una comisión que decida quién entra y quién no, francamente me parece, lo voy a decir, excesivo. La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena, la verdad. Se afilió por invitación. O sea, él estaba bien sin afiliarse a Morena. Y personalizan, pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma al Poder Judicial, ni más ni menos.

Yo creo que un escenario son las situaciones políticas, el reconocimiento, los acercamientos, las alianzas y otro es la militancia. Y me parece que se resolvería con dejar muy claro en los estatutos qué conductas no son aceptables y qué personas que hayan incurrido en esas conductas, pues no deben ingresar al partido”, planteó.

La reforma judicial aprobada en 2024, que entre otras cosas avala la elección de jueces por voto popular, representó «el golpe final» a una serie de ataques en contra del Poder Judicial desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo para debilitarlo y ser capturado por Morena, según detalla un informe.

De acuerdo con el documento, «La Independencia Judicial en Jaque. Ataques al Poder Judicial en México 2018-2024»  publicado por la Fundación para la Justicia, el ataque contra los jueces fue resultado del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación (PJF) en general a reformas de gran relevancia para el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documento, se detallan una serie de ataques «retóricos e institucionales» que lograron deslegitimar al Poder Judicial y denuncia que el objetivo del gobierno de López Obrador era controlar a este poder.

El informe se compone de cuatro capítulos. El primero explica cómo la reforma de 1994 permitió que el PJF se convirtiera en un verdadero contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, mientras que el segundo realiza un recuento de los ataques retóricos desde el Ejecutivo.

«Se identificó que en el 30% de las conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron ataques en contra del Poder Judicial, mientras que por parte de la Cámara de Diputados, se identificó que en 24% de sus sesiones, los diputados atacaron la legitimidad de las personas juzgadoras. El Senado lo hizo en 22% de las sesiones», advierte el texto.