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La estrategia de militarización emprendida en México, que otorgó a la Secretaría de Marina el control de puertos, aduanas y otros espacios clave, ha puesto en evidencia una red compleja que combina autoridades, empresarios y crimen organizado.

Esto afirmó en ‘Aristegui en Vivo’ Jacobo Dayán, explicando que no se trata simplemente de corrupción, sino de una “red de macrocriminalidad” donde convergen instituciones del Estado, agentes públicos y grupos criminales para controlar mercados legales e ilegales a gran escala. Esta estructura opera bajo protección política al más alto nivel y se extiende por distintas regiones del país, evidenciando una compleja madeja que abarca desde Tamaulipas hasta Veracruz y el Pacífico.

Dayán destacó el concepto de “empresa criminal continua o conjunta”, utilizado en tribunales internacionales para describir organizaciones criminales multifacéticas que actúan como grandes corporativos con fines ilegales, donde cualquier colaborador, aun sin participar directamente en actos criminales, tiene responsabilidad penal.

Señaló que esta definición explica cómo actores estatales, empresas y cárteles trabajan juntos en una operación coordinada, generando impunidad y violencia, incluyendo asesinatos y desapariciones. Frente a ello, denuncia la falta de acción eficaz por parte de autoridades y la aparente intención de mantener el caso limitado para no afectar a los altos mandos involucrados, lo que evidencia la magnitud e implicaciones políticas de este entramado criminal.
Esta es la transcripción sobre lo que detalló Jacobo Dayán:

“Una red dentro de la marina, pero también funcionarios de las aduanas, pero también gobernadores, miembros del congreso, evidentemente empresarios, una red de empresarios enorme, incluyendo empresas que se pueden dedicar no nada más a la distribución de esto, sino al lavado de dinero y no olvidar también la presencia de cárteles de la droga.