Controversia

Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de cárcel contra Zhenli Ye Gon.

El juez también impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.

Asimismo, la FGR indicó que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron por reclusión al mandato judicial contra Ye Gon y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.

Actualmente, añadió la institución, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La Unión Europea (UE), Noruega y Suiza manifestaron este jueves su condena y condolencias por el reciente asesinato del periodista mexicano Alejandro Leyva Aguilar, al tiempo que trasladaron su “preocupación” por los “elevados niveles de impunidad” en los crímenes contra informadores y defensores de derechos humanos en el país norteamericano.

En un comunicado conjunto de la delegación de la UE, así como los embajadores de Noruega y Suiza en México, afirmaron que en el homicidio de Leyva Aguilar de la pasada semana existen indicios “de que existe un vínculo directo entre su labor periodística y su asesinato“.

El 22 de julio este periodista fue asesinado a balazos en el estado de Oaxaca, lo que elevó a siete la cifra de informadores asesinados en México en lo que va de año.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen ni los autores materiales e intelectuales del mismo.

Tras este último caso, estos países europeos valoraron el “compromiso” de las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos, pero advirtieron de que crímenes como este muestran “el grado de violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México”.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias, derivados de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, representen un mecanismo de censura para los medios de comunicación.

Aseguró que su propósito es garantizar los derechos de las audiencias y precisó que el documento difundido por la autoridad reguladora aún se encuentra en consulta pública.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria respondió a las críticas surgidas tras la presentación de los lineamientos, realizada un día antes por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde.

Insistió en que la ley fue aprobada hace varios meses mediante un proceso de diálogo con la industria de la radio y la televisión y que ahora corresponde emitir la regulación secundaria.

La presidenta explicó que la legislación establece la obligación de que la comisión reguladora emita lineamientos para hacer efectivo el derecho de las audiencias, pero aclaró que éstos “ni siquiera se han emitido”, ya que actualmente fueron publicados únicamente para consulta pública.

Es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censura; es garantizar los derechos de las audiencias.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, desestimó la mayor parte de las reclamaciones presentadas por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, contra el Estado mexicano, y únicamente dio la razón a la empresa en una medida relacionada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) ocurrida en enero de 2018, informó la Secretaría de Economía.

En un comunicado difundido este lunes, la dependencia señaló que el procedimiento se desarrolló al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo el argumento de que diversas autoridades federales y estatales adoptaron, entre enero de 2018 y 2022, medidas que afectaron la operación de los proyectos de la empresa en México, realizados a través de Calica.

La Secretaría de Economía precisó que la indemnización correspondiente a la medida relacionada con la clausura de un predio de Calica en enero de 2018 representa menos del 1% del monto originalmente reclamado.

Indicó que el Gobierno de México analiza “detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance”.

Asimismo, aseguró que “refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como con el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”.

Ulises Bravo Molina, exdirigente de Morena en Morelos y medio hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue nuevamente vinculado a proceso por violencia familiar, luego de que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos revocó la resolución que previamente lo había dejado fuera del proceso.

Bravo Molina sostiene que es víctima de una persecución política; mientras continúa el procedimiento en su contra, deberá acudir periódicamente a firmar ante los tribunales como parte de las medidas cautelares vigentes.

La determinación judicial, fechada el 29 de junio de 2026 dentro del Toca Penal 170/2024-7-14-OP, se conoció públicamente el 2 de julio, cuando comenzó a difundirse mediante estrados judiciales y medios de comunicación.

Un día después, el 3 de julio, Ulises Bravo informó que ya había sido notificado formalmente de la resolución y respondió al fallo con acusaciones de una presunta persecución política.

El caso deriva de la denuncia presentada por Liu León Luna en 2023, cuando Bravo aún encabezaba Morena en Morelos, y ha transitado por distintas instancias judiciales hasta llegar a un Tribunal Colegiado, que ordenó revisar nuevamente la determinación.