Controversia

-Este fin de semana se viralizó una ostentosa fiesta de XV años en Villahermosa, Tabasco, por los cantantes que amenizaron el evento: Belinda, J Balvin y Xavi. 

Se ha reportado que el padre de Mafer, la quinceañera, es el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, dedicado al sector petrolero e inmobiliario. 

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Guerrero Rojas es socio de empresas dedicadas a negocios en la industria petrolera, gasolineras e inmobiliarias, con sede en la localidad tabasqueña de Comalcalco. 

Entre estas se encuentra Petróleos Tabasqueños S.A. de C.V., en donde es socio junto a Hector Peralta Grappin, exdiputado federal del PRD por Tabasco y exalcalde de Comalcalco. 

Juan Carlos Guerrero Rojas también es parte de las empresas: Inmobiliaria de La Chontalpa, Grupo Rogue; Graro Inmobiliaria, Gocsa, Inmobiliaria Tracksa, Meyaj, Inmobiliaira Kan-Tiaal e Inmobiliaria Pergue.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio por terminada la revisión de los recursos interpuestos por empresas pertenecientes a Grupo Salinas en relación con diversos créditos fiscales.

De acuerdo con un comunicado emitido este jueves por la ministra Lenia Batres, el alto tribunal declaro sin materia los recursos de reclamación 596/2025 y 594/2025, debido a que los asuntos principales que originaron dichas impugnaciones ya fueron resueltos de manera definitiva.

Con estas resoluciones culmina un ciclo de noventa y tres procedimientos legales, entre los que se encuentran juicios de amparo, recursos de reclamación, promociones de impedimentos y conflictos competenciales.

Según Batres, estas acciones fueron promovidas por el conglomerado empresarial para evitar y retrasar el pago de impuestos que sumaron un total de 49,039 millones 858,410 pesos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que la fiscalía de Jalisco y el Instituto de Ciencias Forenses (IJCF) cometieron omisiones sistemáticas y graves durante la investigación del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde en marzo de 2025 fue hallado un centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación con miles de prendas de ropa de personas desaparecidas. 

Según la recomendación 11/2026, ambas insituciones estatales vulneraron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia atribuibles a servidores públicos. 

La CNDH señaló que tras la detención de 10 sujetos en el predio en septiembre de 2024, se instruyó a las autoridades estatales a identificar, documentar, levantar, embalajelar, sellar, etiquetar y trasladar de forma correcta cualquier indicio que se hallara en el predio. 

En la primera acción fue hallado un cuerpo, indicios de balística, siete vehículos y armas de fuego; sin embargo posteriormente se pidió al ICJF llevar a cabo una búsqueda y exploración para encontrar o descartar posibles sitios de inhumación de casos relacionados con personas desaparecidas. 

Como resultado, se halló un lote óseo y varios objetos que no fueron asegurados, calificados, ni registrados en el dictamen correspondiente; además algunas evidencias no fueron mencionadas ni sometidas a procesamientos periciales. Estos no llevaron el procesamiento técnico requerido.

El problema del “huachicoleo” o sustracción ilícita de combustibles crece cada año, según cifras oficiales divulgadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al revisar las cifras de los resultados financieros de la paraestatal desde 2019 hasta 2025, queda claro que el rubro de “Pérdidas por sustracción de combustibles” mantiene una tendencia ascendente.

Tan solo en 2025, la empresa mexicana reportó la pérdida de 23 mil 491 millones de pesos, lo que representó un aumento de 14.4 por ciento con respecto a 2024.

La tendencia histórica

Si bien hubo una ligera contención en los primeros dos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a partir de 2021 la tendencia cambió drásticamente.

En 2019, las pérdidas reportadas fueron de 4 mil 645 millones de pesos, cifra que incluso disminuyó ligeramente en 2020 (4 mil 279 mdp). Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2022, cuando las pérdidas escalaron a 18 mil 744 millones de pesos, más que duplicando la cifra del año anterior.

Trabajadores de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) cerraron de manera total la Planta de Almacenamiento y Despacho (TAD) ubicada en Puerto Chiapas, en protesta por la suspensión de servicios médicos y el desabasto de medicamentos, una medida que podría dejar sin combustible a la franja fronteriza de México con Guatemala en las próximas horas.

El bloqueo comenzó este lunes a las 7:00 hora local, luego de que los trabajadores aseguraran que no obtuvieron respuesta a una protesta pacífica iniciada la semana pasada para exigir la restitución de la atención médica, suspendida desde hace 14 meses.

Jorge Ruvalcava, trabajador en protesta en Tapachula, explicó que la decisión de cerrar por completo la terminal fue el último recurso ante la falta de soluciones. Señaló que desde hace “un año y dos meses” no cuentan con servicio de salud ni atención médica.

Advirtió además que el impacto podría sentirse de inmediato en la región.

“El cierre es indefinido: no entrará o saldrá ninguna pipa de esta terminal hasta que no tengamos una respuesta favorable, de aquí estaremos hasta la noche”, afirmó y advirtió que en este tiempo no habrá despacho de combustible.

Con el bloqueo de ambas entradas de la TAD, las pipas no pueden ingresar ni salir para abastecer a las estaciones de servicio de los municipios fronterizos con Guatemala.

La agencia Moody´s Ratings señaló este viernes riesgos económicos para México tras la muerte, el pasado domingo, en un operativo militar del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho‘, debido a que la inseguridad limita el crecimiento.

En un reporte, la agencia apuntó que “la seguridad es un riesgo social clave” para México y una “restricción estructural para el crecimiento económico” porque aumenta los costos para las empresas, incluido el pago de extorsiones, y empeora el entorno operativo.

Agregó, asimismo, que la “actividad económica ilegal” también debilita las instituciones a través de la corrupción.

La agencia expuso que “las crecientes presiones” sobre el gasto han llevado al Gobierno mexicano a “reducir el presupuesto de seguridad”, pero un nuevo aumento de la violencia “podría provocar un cambio de rumbo y limitar la consolidación fiscal”.

No obstante, precisó que “si bien mayores niveles de violencia podrían tener efectos negativos a corto plazo, avances significativos en materia de seguridad serían positivos en términos crediticios en el largo plazo”.

El Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser antidrón para derribar el jueves una aeronave no tripulada que resultó ser de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerca de Fort Hancock (Texas), a unos 80 kilómetros al sureste de El Paso, según informaron fuentes federales.

El dron fue inicialmente identificado en la frontera con México como una posible amenaza en el espacio aéreo restringido, lo que llevó a la activación del sistema de defensa.

Posteriormente se confirmó que pertenecía a la CBP, lo que ha generado interrogantes sobre la coordinación entre agencias federales.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el cierre temporal de una porción del espacio aéreo en la zona por razones de seguridad, aunque no se reportaron afectaciones a vuelos comerciales.

El hecho ocurre semanas después de otro episodio relacionado con el uso de tecnología antidrón en el área fronteriza, lo que ha provocado críticas de algunos legisladores que exigen explicaciones y mayor claridad sobre los protocolos de identificación y respuesta ante aeronaves no tripuladas.