Controversia

El crecimiento de plataformas que prometen altos rendimientos bajo el discurso de “educación financiera” y “libertad económica” ha derivado en un fenómeno de fraude masivo en México, donde miles de personas han sido captadas a través de redes de confianza, sin que exista un marco legal eficaz para prevenir estos esquemas o proteger a las víctimas.

Durante Aristegui en Vivo, la periodista Lilia Saúl expuso los hallazgos del reportaje   “Estafas sin fin: Smart Plus es acusada por cientos de personas en México. Ernesto Resendiz, líder de la empresa, niega las afectaciones”.

Se trata, explicó, de estructuras que, bajo la apariencia de capacitación financiera, incentivan la inversión de recursos personales y la incorporación de nuevos participantes.

“Hay un común denominador de estas empresas”, señaló, al detallar que promueven la inversión a través de círculos cercanos: “Están tratando de convencer a los usuarios […] de que inviertan y de que inviten a personas, a las más cercanas que tienen, incluso en su familia”.

Este mecanismo de expansión, basado en vínculos de confianza, permite que los esquemas crezcan rápidamente y alcancen a distintos sectores de la población, sin distinguir edad o nivel socioeconómico.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras asociaciones se desmarcaron del bloqueo que se anunció para este lunes en carreteras de 20 estados del país. 

En un posicionamiento en redes sociales, las asociaciones de autotransporte hicieron un llamado a priorizar el diálogo para construir “soluciones efectivas y sostenibles” ante sus demandas. 

“Las organizaciones que integran este pronunciamiento, quienes representamos al sector del autotransporte en México, no formamos parte de dicha iniciativa, reconocemos que el sector enfrenta retos relevantes”, se lee. 

El comunicado también está firmado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), Asociación Nacional de Transporte Privado (ANPT) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat). 

Además, señaló la importancia de evitar acciones que afecten a la ciudadanía; «cualquier interrupción impacta directamente a las cadenas de suministro y al desarrollo nacional», agregaron.

El Grupo Interinstitucional (GI) encargado de atender el derrame de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México anunció la creación de un Observatorio Permanente para el monitoreo ambiental y climático en la región.

En un comunicado conjunto, el grupo -integrado por Semar, Semarnat, Sener, Secihti, ASEA, Pemex, Profepa y Conapesca- informó que el Observatorio operará bajo un modelo de colaboración entre comunidad científica, iniciativa privada y gobierno, con el fin de generar información en tiempo real sobre cambio climático, biodiversidad y riesgos ambientales en el Golfo de México.

El proyecto será coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y prevé el uso de boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas, mareógrafos y tecnología satelital, así como plataformas digitales y modelos predictivos.

En el Observatorio participarán instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO).

El Observatorio tendrá entre sus objetivos el monitoreo del cambio climático, la gestión de la biodiversidad, el fortalecimiento de la seguridad ambiental e industrial y la promoción de la ciencia ciudadana.

A nueve días del colapso en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, continúan las labores de rescate para tres trabajadores mineros, con la participación de autoridades federales, estatales y brigadas especializadas.

Hasta ahora, solo uno de cuatro ha sido rescatado con vida, mientras los otros tres permanecen a aproximadamente 15 metros de la zona donde se presume podrían encontrarse, informaron las autoridades del Puesto de Mando Unificado.

El derrumbe ocurrió mientras los cuatro mineros se encontraban en el interior del yacimiento y desde entonces, los equipos de rescate han trabajado sin interrupción, en condiciones extremas de humedad, acumulación de lodo y presión de jales, que dificultan el acceso directo.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores atrapados y rescatistas, se han implementado varias medidas estructurales, destacaron las autoridades.

Sellaron áreas estratégicas para detener el paso de agua y lodo y la construcción de muros de concreto reforzado, diseñados para contener la presión interna y prevenir nuevos colapsos.

Según el Puesto de Mando Unificado estas acciones han permitido que las brigadas puedan avanzar con mayor seguridad hacia los puntos críticos de la mina.

Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene una deuda con proveedores estadounidenses de más de 2 mil 500 millones de dólares, reveló el gobierno de Estados Unidos en el Informe nacional de 2026 sobre las barreras al comercio exterior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

En el documento, de 534 páginas en las que desglosa el comercio con todos los países, la Casa Blanca afirmó que a 31 de diciembre de 2025 algunas empresas han recibido el pago total o parcial, mientras que otras acusan que siguen sin cobrar la deuda. 

«En los últimos dos años, las empresas estadounidenses que prestan servicios al sector petrolero y gasístico mexicano han señalado que se enfrentan a una dificultad sin precedentes a la hora de recibir el pago de Pemex por los servicios prestados», dice el texto. 

Según los estados de cuenta de la petrolera, la deuda con proveedores en 2025 se redujo en un 14.1% a 24 mil 182 millones de dólares, mientras que en ese año saldó más de 32 mil milloness de dólares (582 mil mdp). 

Cabe recordar que el 6 de mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la deuda con proveedores había sido saldada en un 60% y que primero fueron pagados los adeudos a los pequeños proveedores y posteriormente se iba a saldar lo debido con las empresas más grandes.

El expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), Santiago Corcuera, consideró “deplorable” la respuesta del Estado mexicano ante la decisión histórica del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar el tema de las desapariciones en México a la Asamblea General, tras la activación del artículo 34 de la Convención, luego de que calificara de “tendencioso” el informe del organismo.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Corcuera lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno: “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”.

Explicó que la definición de desaparición forzada utilizada por el Comité no es una interpretación aislada, sino un estándar consolidado en el derecho internacional. Subrayó que proviene de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006, así como de instrumentos previos, incluida la declaración de la Asamblea General de 1992 y la convención interamericana en la materia.

“No es del Comité la definición, esa es una definición reconocida internacionalmente por diversos instrumentos internacionales”, enfatizó.

Corcuera también abordó la inconformidad del gobierno mexicano por la vinculación del tema con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Señaló que dicho instrumento también incluye la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y amplía la responsabilidad a actores no estatales. En ese sentido, indicó que el análisis del Comité incluye tanto la actuación del Estado como la de organizaciones criminales: “Organizaciones que no son estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad”.

Tras la reciente revocación del estatus de donatarias autorizadas a más de un centenar de organizaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), representantes de la iniciativa “Manifiesta tu Ciudadanía” hicieron un llamado a establecer un diálogo de alto nivel con las autoridades fiscales para garantizar certeza jurídica y fortalecer el trabajo del sector.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, David Pérez Rulfo, integrante del Consejo Directivo de la iniciativa, explicó que la principal demanda es abrir canales de comunicación institucional. Señaló que buscan “un diálogo con las autoridades porque consideramos que el espacio cívico, que es donde actúan las asociaciones civiles y en especial las donatarias autorizadas, está salvaguardado por el artículo noveno de nuestra constitución”, en referencia a la libertad de asociación que permite a organizaciones civiles contribuir de forma solidaria a tareas sociales.

Pérez Rulfo detalló que las actividades de estas organizaciones abarcan desde asistencia social hasta defensa de derechos, pasando por temas ambientales y de desarrollo.

Subrayó que todas ellas están reguladas por el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que reconoce 26 actividades de interés público. “No es ni un permiso para recibir donativos ni la deducibilidad se deduce de los impuestos resultantes a pagar”, sino que se aplica sobre la base gravable, con un límite del 7% de las utilidades declaradas.

En ese sentido, afirmó que aproximadamente “70 centavos de cada peso que ese donante le otorga son de su bolsillo”, lo que, a su juicio, desmonta percepciones erróneas sobre el beneficio fiscal.