Columnistas

Compañeras y compañeros consejeros universitarios:

Hoy, en este Consejo Universitario General (CUG), no comparecemos como individuos aislados. Comparecemos como el máximo órgano de gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), tal como lo establece de manera inequívoca su Ley de Autonomía, su Ley Orgánica y su Estatuto General; y es precisamente por ese carácter que nadie —absolutamente nadie— puede decirnos qué discutir, qué callar o cómo votar.

Hoy, en este Consejo, la Universidad Veracruzana se enfrenta a su propio juicio histórico. Se mira en el espejo de su pasado y se pregunta, sin concesiones y sin excusas, si quienes hoy la representamos tenemos el valor de honrar los principios que le dieron vida: la autonomía que no se somete, la legalidad que no se negocia, la libertad de pensamiento que no se censura, la pluralidad que no se silencia y la responsabilidad social que no se traiciona.

El Consejo Universitario no es una oficina administrativa, ni una instancia subordinada a intereses coyunturales. Es, conforme a nuestra Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General, el máximo órgano colegiado de gobierno de esta universidad. Aquí no se viene a obedecer consignas:  aquí se viene a deliberar, a disentir y a decidir.

La Ley Orgánica de la UV es clara al establecer que el Consejo Universitario General: es el máximo órgano colegiado de decisión; tiene facultades para conocer, discutir y resolver los asuntos fundamentales de la vida universitaria; y debe hacerlo mediante deliberación libre, plural y democrática.

El Consejo Universitario General (CUG) constituye, por mandato de la Ley Orgánica, el Estatuto General y su Reglamento interior, la máxima autoridad colegiada de la Universidad Veracruzana (UV). Su composición plural —consejeros ex oficio, consejeros maestros y consejeros alumnos con derecho a voz y voto— no es un detalle administrativo: es la base de su legitimidad representativa y el fundamento de su capacidad para corregir desvíos institucionales cuando la legalidad se ve comprometida.

Desde una perspectiva de gobernanza universitaria, el CUG es el órgano esencial del equilibrio interno, con atribuciones para aprobar reformas regulatorias, supervisar políticas institucionales, analizar presupuestos, evaluar responsabilidades de autoridades y, especialmente, intervenir en la renovación de la Junta de Gobierno (JdG). Esta competencia lo convierte en el mecanismo institucional más importante para restituir el orden jurídico cuando se produce una ruptura de la normatividad o un vaciamiento de la ética en la conducción universitaria, tal y como sucede actualmente.

La normatividad de la UV es inequívoca: el CUG tiene plena autoridad para incidir en la reorganización del poder institucional. Sin embargo, esta atribución solo adquiere eficacia real cuando se acompaña de voluntad política, ejercicio crítico de la representación y disposición colectiva para actuar conforme a la responsabilidad histórica, ética y moral que cada consejero tiene frente a la comunidad académica y estudiantil.