Columnistas

El transfuguismo es una de las prácticas más detestables de la política, pues de suyo implica una total ausencia de respeto hacia los ciudadanos que le confían su voto a un partido y a sus candidatos, además de que revela falta de compromiso, deslealtad y una enorme simulación. Quienes brincan de un partido a otro, de una bancada a otra, de un interés a otro, exhiben su proclividad para incumplir lo que ofrecen, su facilidad para mentir y lo sencillo que puede ser corromperles. No es gratuito que los políticos sean el sector más desprestigiado del país a los ojos de la población. Este tipo de prácticas minan por completo la poca confianza que todavía puedan generar entre la sociedad, que por esa razón termina por volverse apática, por desinteresarse en la política y los asuntos públicos, lo que –todavía peor- se vuelve en su contra, pues esos mismos políticos y políticas sin escrúpulos toman decisiones que terminan afectando –casi siempre en sentido negativo- a la propia gente. El desdén nos ha salido muy caro, pero sin duda tiene una poderosa razón de ser.

Además de buscar doblegarlos a través de campañas sistemáticas de desprestigio y de su “colonización” con personajes afines, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” intenta desaparecer mediante la asfixia financiera cualquier vestigio de contrapeso institucional a los designios del Ejecutivo. Tras la emboscada que literalmente le tendieron los diputados lopezobradoristas al presidente del Instituto Nacional Electoral durante su comparecencia de la semana pasada, de la cual salió bastante bien librado pese a la virulencia y las agresiones en su contra, la andanada contra el árbitro electoral –con un hedor a venganza- pasó a un nivel ya probado en otras esferas públicas desde el año pasado: el de quitarle los recursos financieros con los cuales opera.

En los países con una aceptable normalidad democrática que cuentan con la figura de la revocación de mandato, las consultas para hacerlo efectivo surgen siempre, invariablemente, a petición de algún grupo de la sociedad que se siente agraviado por la actuación de un gobernante. Fue el caso, por ejemplo, del ejercicio que este mismo año se llevó a cabo en California, Estados Unidos. Simpatizantes conservadores del Partido Republicano promovieron la revocación del mandato del gobernador demócrata Gavin Newsom, elegido en 2018 y quien en pleno confinamiento por la pandemia de covid-19 fue captado en un restaurante cenando con vinos caros (¿a quién nos recuerda?), por lo cual fue severamente cuestionado. A partir de ello, sus opositores comenzaron a recopilar firmas para iniciar el procedimiento revocatorio.