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Entre lo peor que ha representado para el país el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se encuentra, sin asomo de duda, su andanada contra los centros de educación superior, científica y tecnológica. El caso más patético es el del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que ha sido desbaratado por el “Conacyt de la 4t” –como lo bautizó el investigador de la UNAM Guillermo Sheridan- que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, académica cuyos prejuicios ideológicos y conveniencias políticas han puesto en jaque a la investigación científica en México, colocando en el Sistema Nacional de Investigadores y en puestos directivos de institutos educativos a autoritarios “legionarios” del lopezobradorismo. Entre éstos se cuentan desde el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero –meteórico SNI III por “dedazo”-, el espurio titular del CIDE José Antonio Romero Tellaeche –quien emprendió una “purga” de lo que según él son académicos “neoliberales” en la institución- y hasta el recientemente nombrado director del Instituto de Ecología (Inecol), Armando Contreras Hernández. Los tres, además de su afinidad morenista, tienen en común señalamientos como plagiarios de artículos e investigaciones de otros académicos. Al parecer es parte del nuevo “perfil” que hay que cubrir en el Conacyt.

La acelerada degradación de la convivencia social que se sufre en México encuentra una de sus explicaciones en la sistemática y cada vez más descarada violación del Estado de Derecho en este país. Tal pareciera que priva ya la “ley de la selva” en prácticamente todo el territorio nacional. Las imágenes de comandos armados hasta los dientes disputándose un mercado en Chiapas, o las de las numerosas masacres –ésas de las que el presidente López Obrador suele burlarse, porque según él son “inventos” de los “conservadores”- que lo mismo ocurren en el Estado de México que en Michoacán o Veracruz, dan cuenta de un país en llamas, en el que los criminales hacen lo que les viene en gana y controlan amplias franjas en las que no hay más norma que la suya. Si las imágenes no bastan, vamos a los números. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –o sea, del mismo gobierno- en los tres años y medio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han cometido un total de 121 mil 642 asesinatos.

El caso de la desaparición y supuesto –porque hasta ahora no hay evidencia sólida que confirme el hecho- feminicidio de Viridiana Moreno se ha convertido en una de las más ominosas pifias y abusos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Ya no solo se trata de esa declaración del gobernador a dos días de la desaparición, cuando aseguró que Viridiana Moreno estaba “resguardada”. Las recientes revelaciones de la familia desvelan una actuación desaseada y rayada en la ilegalidad de parte de la Fiscalía General del Estado y del propio titular del Ejecutivo estatal. En la emisión de esta semana del programa de TV por internet La Clave –que conducimos la periodista Mónica Camarena y quien esto escribe-, el padre de Viridiana Moreno, Enrique Moreno Marini, expuso la razón concreta por la cual él y su esposa no aceptaron los restos que la Fiscalía intentó entregarles la noche del pasado 24 de mayo como los de su hija. Lo que dijo sería inverosímil, increíble, si no estuviésemos hablando del gobierno de Cuitláhuac García.