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Como ha quedado más que demostrado en los últimos días, las autoridades de los tres poderes del estado de Veracruz no tienen el mínimo empacho en violentar mujeres, tanto de manera simbólica como también a través de hechos concretos. La apología del feminicidio del sábado pasado, con los ataúdes con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña, fue solo una de las tantas maneras y casos en los que desde funcionarios menores hasta el mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, embrutecidos de poder, han ejercido violencia contra las mujeres desde que están en el gobierno. Se cuentan por decenas las denuncias por acoso sexual dentro de la propia administración estatal de Veracruz, mismas que las autoridades dicen que atienden y sancionan. Pero la realidad es que solamente actúan cuando alguno de estos hechos se hace público y comienza a afectarlos.

Mientras el obradorato se empeña en destruir instituciones que costaron décadas y vidas construir para darle a México una vida más o menos democrática, en la oposición pareciera que viven en otra dimensión o que, incluso, le hacen el “caldo gordo” al régimen para que se perpetúe en el poder. Además de su ausencia de ideas y propuestas, que no van más allá de oponerse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin plantear algo que les haga sentido a los electores, las “grillas” internas, las ambiciones personales desbordadas y una enorme dosis de mezquindad tienen a todos los partidos opositores al borde del abismo al cual, de paso, se están llevando al país. Es la hora que tanto los partidos de la alianza “Va por México” como Movimiento Ciudadano por su lado no dan ni siquiera trazas de a quién podrían postular a la Presidencia de la República con alguna posibilidad de ser competitivos. En tanto que el oficialismo tiene por lo menos tres candidaturas perfiladas que llevan meses en campaña –ilegal, valga señalar-, y que más bien aspiran a resolver la sucesión presidencial “a la antigüita”, de manera interna, para que la elección constitucional sea un mero trámite legal. Como en la era de la presidencia imperial.

Los actos estridentes, las demostraciones de “músculo” político y el acarreo de trabajadores del estado lo mismo para desfiles que para las manifestaciones maquinadas desde el poder de los últimos meses en Veracruz –todo con cargo al erario-, además de demostrar el uso patrimonialista de los recursos gubernamentales para servir a intereses que no son los de la sociedad, son parte de una lucha interna que se desarrolla en Morena por hacerse de las principales candidaturas que se disputarán en la entidad el año entrante, salvo la gubernatura, que responde a otra lógica. No es casual que la manifestación de este sábado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sido convocada en primera instancia por los diputados locales de Morena y sus satélites. Quien buscó beneficiarse con esa pantomima fue el jefe de los dóciles legisladores, Juan Javier Gómez Cazarín -con la venia del gobernador Cuitláhuac García-, con el objetivo de ganar la candidatura de Morena al Senado por Veracruz.

Llevando su teatro de la desgracia hasta las últimas consecuencias, el gobierno de Veracruz volverá a abusar del poder acarreando burócratas a su pantomima de este sábado afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como invertir el tiempo libre de un fin de semana en una payasada como la que se les ocurrió a Cuitláhuac García y a Juan Javier Gómez Cazarín no es atractivo para nadie que no sea militante del partido oficial, ni sirve más que para exacerbar el servilismo de ambos políticos y las ansias de ser premiados con otro “hueso” en el próximo sexenio, desde el gobierno que encabeza formalmente el primero maquinan un nuevo operativo de indigno y vejatorio acarreo forzoso de trabajadores del estado para que la supuesta “manifestación pacífica” aparente tener una “gran convocatoria”. Varias quejas y denuncias han circulado en medios en los últimos días sobre cómo van a volver a acarrear empleados gubernamentales a la “concentración por la defensa de la soberanía del pueblo y contra la corrupción que invade a la SCJN” (no se ría, así le pusieron), cuya cursilería y demagogia implícitas en su denominación son directamente proporcionales a la magnitud de la arbitrariedad que conlleva.