Miguel Ángel Rueda-Ruiz

El Poder Ejecutivo en Veracruz abre otro capítulo en la criminalización de contenidos -como herramienta jurídica para contener la Libertad de Expresión- llevándola a los terrenos del Terrorismo y Sabotaje.

Veracruz enfrenta un contexto crónico de violencia e intimidación contra la prensa, donde la criminalización legal de comunicadores es vista como parte de un patrón de riesgo.

Más que acusaciones formales de terrorismo en tribunales, los comunicadores han enfrentado un «terrorismo de facto» proveniente tanto de grupos criminales como de instituciones estatales, manifestado en desapariciones, asesinatos y desplazamiento forzado.  

El de Rafael León Segovia, “Lafita León”, acusado de terrorismo, se suma a los casos María de Jesús Bravo Pagola @maruchibravo -periodista y usuaria de Twitter- y Gilberto Martínez Vera -@gilius_22- por difundir rumores falsos en redes sociales sobre supuestos ataques armados a escuelas en Veracruz y Boca del Río.

Las coaliciones PAN-PRD-PRI y Morena-PVEM han perfilado a los cuadros que contenderán por las veinte diputaciones federales de Veracruz. La elección intermedia federal 2021 representa para algunos de ellos la aduana para relevar al actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Los nombres de quienes serán candidatos a diputados federales por la vía uninominal, con credenciales para estar en las listas plurinominales de esos partidos y que tienen pretensiones de convertirse en gobernador de Veracruz son Américo Zúñiga Martínez, Javier Herrera Borunda y Sergio Gutiérrez Luna. Américo es el único precandidato en el proceso interno del PRI con las condiciones para ser postulado candidato a la diputación federal por el distrito Xalapa Urbano de la coalición PAN-PRD-PRI.