Juan Ochoa Vidal

Entre los diecisiete alcaldes de Tabasco que llegaron al cargo el cinco de octubre de 2018 la mayoría lo hizo con los ojos vendados, plenamente confiados en que dispondrían de vastos recursos. Empero, hubo quienes con base en su experiencia en la administración pública tuvieron de antemano plena claridad acerca de la difícil situación que enfrentarían y qué tenían que hacer de inmediato.

A reserva de lo que manifieste el reporte trimestral calendarizado para publicarse el 27 de noviembre, el Banco de México alertó en agosto pasado acerca de la fragilidad que enfrenta el país en materia económica y que pudiere impactar en los más diversos aspectos de la vida nacional.

Viene un 2020 de mayor “apretón” presupuestal para los tres niveles de gobierno y organismos autónomos, y preocupante situación para todos. El Presidente de la República ya adelantó el ajuste, luego de que 2019 ha sido de severa austeridad. La prioridad oficial es financiar los programas sociales.

Pronto llegaremos a un final de año en el cual se profundiza cada día la polarización política, al punto de que hasta cuanto sucede en otros países nos hace daño.

A unos cuantos días de vencerse el plazo establecido para que regularicen su situación quienes tienen adeudos por consumo de energía eléctrica, el secretario para el Desarrollo Social, José Antonio de la Vega, reconoció que “mucha gente ha utilizado el argumento, con justa razón, de que no se puede poner al corriente en sus pagos de junio a la fecha, porque no tiene el recurso”.

Evo Morales llegó al poder en 2005, luego de ganar la elección con más del 60 por ciento de los votos. Implementó programas sociales en auxilio de muchísima gente pobre y fortaleció la economía.

Evo Morales no es perseguido político. Es, según peritaje solicitado por él mismo a la OEA, delincuente electoral. Hace casi ocho meses, en México se legisló para que los delitos electorales se consideren graves.

¿Por qué los presidentes de la república quieren eternizarse en el poder? ¿Por qué insiste Evo Morales en creer que no hay nadie más que él?

El Instituto Nacional Electoral presentó una acción de inconstitucionalidad por la “ley Bonilla” que desechó la Suprema Corte de Justicia de la Nación “por notoria y manifiesta improcedencia”. Resulta ser que la institución electoral no estaba facultada para ello. Sin embargo, están en proceso otros seis recursos. El máximo tribunal deberá estudiar a fondo y emitir sentencia.

La ansiada reprobación de las cuentas públicas no satisfizo a los tabasqueños: se teme que se repita la historia de siempre. Para atender el compromiso oficial y reclamo social de basta a la impunidad, se deberá presentar ante la justicia, dentro de un plazo no mayor de dos meses, a los responsables de saqueos que no han sido los primeros.